El Gobierno de México expresó su desacuerdo con la legislación recién aprobada en Texas que busca tipificar como delito estatal la entrada ilegal al estado, otorgando mayor autoridad a las fuerzas policiales para detener a migrantes y a los jueces para emitir órdenes de expulsión hacia México a quienes violen las normas. La Cancillería mexicana emitió un comunicado manifestando que esta ley SB4 implicaría la «criminalización» de la población migrante, lo que conduciría a la separación de familias, discriminación y perfilamiento racial.
El gobierno mexicano reconoció el derecho soberano de cada país para establecer sus políticas públicas, pero también subrayó su derecho legítimo de proteger los derechos de sus ciudadanos en Estados Unidos y de establecer sus propias políticas de entrada a su territorio. En este sentido, rechazó enérgicamente cualquier medida que permita a autoridades estatales o locales detener y retornar a personas a territorio mexicano.
Además, México mostró su apoyo a una política migratoria coherente y unificada, respaldando el trabajo conjunto con el Gobierno Federal de Estados Unidos para asegurar una migración ordenada, segura y respetuosa de los derechos humanos.
El comunicado también expresó la preocupación de México por las medidas que podrían afectar los derechos humanos de los más de 10 millones de personas de origen mexicano que residen en Texas, al generar ambientes hostiles que podrían desencadenar actos de odio o delitos contra las comunidades migrantes. Se rechazó cualquier acción que implique el retorno involuntario de migrantes sin el respeto debido al debido proceso.
Ante la aprobación inminente de la ley SB4, la Cancillería mexicana anunció que sus consulados en Texas llevarán a cabo jornadas informativas, distribuirán material sobre estas medidas, proporcionarán asesoramiento legal a los mexicanos en el estado y se reunirán con autoridades, legisladores y organizaciones de derechos civiles.
El proyecto de ley SB4 pretende establecer como delito el ingreso ilegal a Texas y otorgar a las autoridades locales la facultad de arrestar y ordenar la salida de inmigrantes de los Estados Unidos.