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martes, octubre 19, 2021
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    OpiniónGasolineros en riesgo: Darío Celis

    Gasolineros en riesgo: Darío Celis

    Opinión

    La Cuarta Transformación

    Un mercado de gasolinas y diésel debe operar bajo disposiciones claras y en beneficio de los consumidores finales. La reciente aprobada Ley de Hidrocarburos de la 4T va en total sentido contrario a esos preceptos.

    El sector más afectado con esa legislación son los expendedores de gasolina agrupado en la Onexpo, rubro que se pronunció a favor del respeto y fomento a las condiciones de competencia y transparencia.

    Bajo esa nueva ley la comercialización de gasolinas y diésel de deja de comercializar bajo criterios de legalidad, objetividad, gradualidad, transparencia, certeza jurídica y proporcionalidad en la aplicación de leyes.

    La Ley de Hidrocarburos genera incertidumbre y mayores riesgos a las inversiones realizadas por las empresas y ahonda los cuestionamientos sobre el compromiso gubernamental con el Estado de Derecho.

    El gremio establece que la ley recién aprobada limita las inversiones en proceso y afecta compromisos ya contraídos sobre la participación de las empresas privadas en el sector de los hidrocarburos líquidos.

    Preocupa que la propuesta pretenda declarar la suspensión de las actividades de las empresas para que Pemex tome el control de las instalaciones cuyos permisos para operar sean suspendidos.

    Más aún, que esto se pueda realizar sin un procedimiento que respete el derecho de audiencia y las normas que salvaguardan el cuidado de la operación y el mantenimiento de las instalaciones afectadas.

    Tales instalaciones, dice el gremio que preside Roberto Díaz de León, constituyen un patrimonio que conlleva importantes inversiones y genera empleos para un porcentaje significativo de familias mexicanas.

    Tampoco se garantiza mantener y cumplir los lineamientos operativos que cada empresa aplica en sus instalaciones, y por ello no se brinda la debida atención, servicio y calidad en el despacho de los productos de cada establecimiento comercial suspendido.

    Hasta 2020 de las 13 mil 282 gasolinerías, tres mil 768 vendían combustible con marca diferente a Pemex. Hay 158 marcas distintas que venden unas tres mil 740 estaciones que no son franquicia Pemex.

    Según la Comisión Reguladora de Energía, hay seis mil 115 grandes grupos gasolineros, los cuales son dueños de 12 mil 769 permisos vigentes. Hay 26 grandes grupos que poseen dos mil 992 permisos.

    Oxxogas, de José Antonio Fernández Carbajal, es por mucho el grupo gasolinero más grande del país, con 445 permisos. Le sigue Petro Seven, que lleva Juan Carlos Paredes, con 241 autorizaciones.

    Más abajo aparece Grupo Hidrosina, de William y Paul Karam, con 234 permisos, seguido de influyente Corpogas, de Ricardo Vega, con 234 permisos más.

    Si la 4t quiere desbarrancar el compromiso de Felipe Calderón y Barack Obama para permitir la libre importación de papa natural a México, que se prepare. Y es que adivine ¿quien era y seguramente sigue siendo un feliz promotor de la medida? Ni más ni menos que Ken Salazar, que se rumora será propuesto por Joe Biden como embajador aquí. Resulta que Salazar fue ministro del interior de Obama y promotor del acuerdo con Calderón. Su familia es productora de papa. En la Secretaría de Agricultura, que comanda Víctor Villalobos, ya empezaron a medir el asunto. Por lo pronto la Suprema Corte de Justicia sigue sin listar la discusión del amparo.

    Otro Salazar, Carlos Salazar, fue propuesto por un tercer año al frente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), tal y como se lo adelanté en la columna del sábado pasado. La Comisión Ejecutiva llegó a la reunión de trabajo del CCE de hace una semana a Puerto Vallarta con la instrucción de los capitanes de las empresas, agrupados en el Consejo Mexicano de Negocios, que preside Antonio del Valle Perochena, y del Grupo de lo 10 de Monterrey, que lidera José Antonio Fernández Carbajal, de que lo más conveniente era mantener a Salazar Lomelín como interlocutor de Andrés Manuel López Obrador y la 4T.

    Jaime Bonilla se metió en camisa de once varas por expropiar el Club Camprestre de Tijuana. Flaco favor le hace a Andrés Manuel López Obrador, y más si anda diciendo a todo aquel que quiera oirlo que una vez que termine su minigubernatura se unirá al gabinete del tabasqueño. En el dichoso club, cuyo costo actual de la acción ronda los 100 mil dólares, están asociados los “machuchones” de la localidad. Son 900 socios con el mismo porcentaje. Apunte, entre otros, a Guillermo Ruiz, Arturo González, Mario Escobedo, Salomón Cohen, Rafael Carrillo, Jorge Kury, José Fimbres, Fernando Beltrán, Gastón Luken y Carlos Mora.

    Argoss partners, que manejan al alimón Carlos Ortíz-Cañavete e Igor Manzo, será el encargado del concurso mercantil de Interjet. Cuentan con más de 25 años como reestructuradores de empresas. Han refinanciado operaciones por más de 25 mil millones de dólares. Por ejemplo participaron de cerca en procesos que involucran a Iberia, British Airways, Air Europa y Grupo Celsa. También apoyaron aquí a Altan Redes, que dirige Salvador Álvarez. Son consultores españoles. El reto de Alejandro del Valle y los suyos es reestructurar cerca de mil 250 milones de dólares. Suena misión imposible, pero así está la cosa.

    Mapfre es la aseguradora que tiene el contrato de pólizas de instalaciones de Pemex. Marcos Herrería, director de Administración y Servicios de la paraestatal, está presionando a la compañía que dirige José María Romero para que se haga cargo del siniestro de la refinería de Minatitlán. Pero Mapfre no quiere negociar por lo que le comenté hace un par de días: no fue accidente de trabajo sino negligencia porque no se invierte en mantenimiento. La aseguradora quiere ver los registros de control y planes de conservación del equipo de Octavio Romero. La bomba que estalló llevaba semanas marcando cambio de sellos.

    Una aclaración: si Libertad Servicios Financieros llegara a caer en default, no es el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), de Gabriel Ángel Limón, el que tendría que entrar al quite para apoyar a los ahorradores. Y es que al tener orígenes de caja de ahorro es considerada una sociedad financiera popular (Sofipo), por lo que el seguro que intervendría es el del Fondo de Protección de Sociedades Financieras Populares y Protección a sus Ahorradores (Prosofipo), que encabeza Adriana Sánchez. Libertad, que preside Silvia Lavalle y dirige Sergio Cruz, requiere una urgente capitalización de unos 500 millones de pesos.

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