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domingo, agosto 1, 2021
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    OpiniónFincan 7 mil de 35 mmdp para medicinas de emergencia: Darío Celis

    Fincan 7 mil de 35 mmdp para medicinas de emergencia: Darío Celis

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    Hasta este sábado el gobierno de la 4T había asignado 7 mil millones de los 35 mil millones de pesos que se etiquetaron para salir a comprar medicinas e insumos para la salud, ‘dónde sea y cómo puedan’.

    El Presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó en su conferencia mañanera del miércoles que en esta semana estaría solucionado el problema del desabasto de oncológicos.

    Pero la realidad es que el tratamiento para combatir el cáncer, especialmente para los niños que lo demandan, será de las medicinas que más tardarán en tenerse disponibles, quizás hasta finales de julio.

    Desde hace dos semanas se prendieron las alertas en el sector salud ante el creciente problema de abasto que ya se registra en los hospitales y clínicas del IMSS, ISSSTE e Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi).

    A partir del jueves se acuartelaron en la Secretaría de Salud, que lleva Jorge Alcocer, los representantes de compras de los organismos que dirigen Zoé Robledo, Luis Antonio Ramírez y Juan Antonio Ferrer.

    Los está coordinando la Oficial Mayor de la Secretaría de Hacienda, Thalía Lagunas, a quien se le encomendó ‘en carácter de urgente’ la adquisición de insumos con el objeto de regularizar el abasto.

    Y es que la Oficina de las Naciones Unidas para Servicios de Proyectos (Unops), como le informé, no logró la adjudicación del total de las claves de medicamentos y material de curación.

    Nos referimos a los productos fundamentales y necesarios para la operación de las diferentes instituciones incorporadas en la compra consolidad del ejercicio 2021.

    El Insabi lanzó un estudio de mercado de 673 claves que la oficina que encabeza Grete Faremo no pudo adquirir, el cual concluyó hace exactamente una semana.

    Originalmente se tenía planeado que Birmex fuera la unidad compradora, pero al final Ferrer se impuso al propio Pedro Zenteno, el director de esa empresa gubernamental.

    Hasta ahora se ha tenido la participación de 102 posibles proveedores, preponderantemente laboratorios nacionales y distribuidores, a los cuales se les fincaron esos primeros 7 mil millones de pesos.

    El principal ganador es la empresa Disur, propiedad de Víctor Sánchez, que se ha llevado hasta ahora 120 claves con un importe económico de tres mil millones de pesos.

    Es una distribuidora que siempre ha estado presente en las compras consolidadas del IMSS, desde el gobierno de Felipe Calderón y no se diga en el de Enrique Peña Nieto.

    Trae ahora en el de López Obrador buen padrino, tanto que desplazó en esta primera tanda de compras a Comercializadora de Productos Institucionales, mejor conocida como CPI.

    Este otro importante proveedor del IMSS en pasadas compras consolidadas quedó fuera y se comenta que fue porque sus dueños, Gerardo Morán y Rubén Hernández, tienen relación con los Pérez Fayad.

    Arrendomovil no ha podido cumplir el contrato que firmó con la CFE de 4 mil 700 millones de pesos para la renta de 8 mil 903 vehículos, de 2020 a 2024. Los retrasos e incumplimientos se registraron desde el primer día. Aunque en un primer momento la empresa productiva del Estado se manifestó dispuesta a firmar convenios modificatorios para exentarla de sus obligaciones contractuales, pues argumentó problemas por la pandemia, no ha logrado regularizar su situación y al interior del organismo ya estalló la bomba, pues Manuel Bartlett ya no quiere más excusas. Se prevé la cancelación total del contrato en las próximas horas.

    Otro contratista cuya viabilidad financiera depende de Pemex es Marinsa. Pactó un convenio de espera con sus acreedores, a los que debe alrededor de 5 mil millones de pesos. Bancomext de Juan Pablo de Botton, HSBC de Jorge Arce, Bx+ de Antonio del Valle, Unifin de Rodrigo Lebois, EngenCap de Juan Pablo Loperena, BanBajío de Santiago Oñate y Libertad de Silvia Lavalle le otorgaron un plazo hasta finales de agosto para reestructurar. Pero si la empresa productiva que maneja Octavio Romero no les paga cerca 15 millones de dólares que le debe, y sobre todo si no les reactiva más contratos, puede irse a la quiebra.

    Alpha credit está gastando millones de dólares al mes en un ejército de asesores y especialistas en auditorías para salvar cara al equipo gerencial y a sus propios fundadores, Augusto Álvarez y José Luis Orozco, que perdieron cerca de 4 mil millones de pesos. Esa función en la que están metidos White & Case que preside Huhg Verrier, KPMG de William B. Thomas, PWC de Robert E. Moritz y Skadden Arps Eric J. Friedman, principalmente, poco o nada ayuda al problema central de la fintech: su reestructura financiera. Los principales acreedores son los tenedores de bonos. Apunte a JP Morgan, Amundi, Moneda y Schroeders.

    Más que convenio concursal, lo que Isolux logró la semana pasada fue un convenio de reestructura en etapa de quiebra. La firma que dirige aquí Roberto López saldrá de concurso mercantil sin liquidarse, sino como empresa en marcha que será adquirida por Maclo, un nuevo grupo de inversionistas españoles y mexicanos. Isolux en el pasado había acordado pagos por concepto de derechos de cobro contra la CFE por el proyecto de la planta se Altamira a favor de Sociéte Générale que dirige Luis Sáinz, Crédit Agricole que maneja Octavio Liévano y Santander que comanda Héctor Grisi por unos cien millones de dólares.

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