El reconocido empresario yucateco, Fernando Barbachano Herrero, ha presentado una denuncia contundente ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en la que señala la presunta corrupción arraigada en el sistema de justicia de Yucatán, liderada por el gobernador Mauricio Vila Dosal. La acusación principal gira en torno a un intento de robo institucional de los hoteles Mayaland y Chichén Itzá, propiedad de Barbachano Herrero.
La denuncia destaca que la batalla legal por la propiedad de los hoteles ha alcanzado la máxima instancia judicial del país, la SCJN, donde el empresario busca que se haga justicia y se evite una gran injusticia: la apropiación indebida de los hoteles que han pertenecido a su familia durante un siglo.
Barbachano Herrero ha señalado directamente al gobernador panista Vila Dosal, al fiscal general del Estado, Juan Manuel León León, y a empresarios como Rodolfo Rosas Moya, hermano de Olga Rosas Moya, actual titular de la Agencia de Investigación Patrimonial y Económica de Yucatán, así como a Rodolfo Rosas Cantillo, hijo de Rodolfo y sobrino de Olga. Además, ha acusado a jueces de la justicia local y federal, solicitando una investigación al Poder Judicial de la Federación por presunta corrupción.
El empresario dueño de los hoteles Mayaland y Chichen Itzá, ubicados en Pisté, cerca de la zona arqueológica de Chichén Itzá, ha expuesto que los intentos de despojo y allanamiento con violencia perpetrados por esta «banda de delincuentes», según sus palabras, cuentan con la complicidad y contubernio del gobernador del Estado, el fiscal general, y al parecer, incluso de un juez federal.
Barbachano Herrero ha lamentado la falta de imparcialidad por parte del juez Primero de Distrito en el Estado de Yucatán, acusándolo de abandonar su papel de autonomía y actuar en sumisión ante el gobernador. El empresario alega que la Inmobiliaria R4 S.A de CV, propiedad de los Rosas Moya, tiene secuestrados los hoteles, generando un grave daño patrimonial durante casi dos años, con la presunta complicidad de las autoridades locales y federales.
En sus declaraciones, Barbachano Herrero enfatizó: «La Fiscalía ha permitido y facilitado a Rodolfo Rosas Moya mantener allanados los hoteles de mi propiedad violando flagrantemente la ley e incluso violando la propia Constitución». La denuncia ante la SCJN busca poner fin a este conflicto legal y garantizar la integridad patrimonial de la familia Barbachano Herrero frente a lo que considera un atropello y una serie de presiones por parte de la mencionada banda de delincuentes y las autoridades implicadas.