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    Extienden por Dos Meses Más el Proceso Judicial Iniciado contra Titular del INM por Muerte de Migrantes en Ciudad Juárez

    Opinión

    Un magistrado federal ha prolongado la duración del proceso legal dirigido contra Francisco Garduño, quien actualmente ocupa el cargo de titular en el Instituto Nacional de Migración (INM). Este proceso se relaciona con el incidente en el que 40 migrantes perdieron la vida en Ciudad Juárez el pasado 27 de marzo.

    La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una extensión de dos meses en la fase de investigación complementaria de este caso ante el juez de control, Ernesto Cornejo, en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua. El proceso legal había sido iniciado contra Garduño por el presunto delito de ejercicio ilícito del servicio público.

    La FGR justificó su petición basándose en varias razones. En primer lugar, mencionaron que el 12 de julio habían solicitado asistencia jurídica internacional a Venezuela, El Salvador y Honduras, con el fin de obtener documentos que confirmaran la identidad de las víctimas. Hasta la fecha de la solicitud de la noticia, no habían obtenido respuesta de estos países. Además, señalaron que aún estaban pendientes los informes de medicina forense de los 26 heridos en el incidente, y que estaban en proceso de solicitar a un juez la extracción de información de ciertos teléfonos confiscados, así como la inspección de varios documentos incautados en la estación migratoria. Estos detalles fueron proporcionados en documentos judiciales.

    Los abogados de Garduño no presentaron objeciones a la prórroga del plazo, lo que llevó a su aprobación. Con esta decisión, la fase de investigación complementaria culminaría el 23 de octubre próximo.

    En esta etapa, tanto el acusado como la Fiscalía tienen la tarea de reunir pruebas que eventualmente se presentarán durante el juicio. El incidente que motivó este proceso legal ocurrió el 27 de marzo, cuando un incendio en el Centro Provisional Migratorio de Ciudad Juárez resultó en la muerte de 40 personas y dejó a 26 heridas.

    Garduño, en calidad de titular del INM, fue formalmente imputado el 30 de abril bajo cargos de ejercicio ilícito del servicio público. El juez dictaminó que existían pruebas que indicaban que, a pesar de su responsabilidad de garantizar la seguridad en las instalaciones migratorias, su conducta había causado daño a individuos, infraestructura y bienes, incluyendo la pérdida de materiales bajo su custodia.

    La pena máxima por el delito de ejercicio ilícito del servicio público es de 3 años de prisión, aunque puede ser conmutada por una multa u otra forma de sanción.

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