A medida que se acercan las elecciones presidenciales en menos de seis meses, el presidente Joe Biden está abordando la crisis migratoria desde todos los ángulos, y Nicaragua es uno de ellos. Los migrantes están atravesando cada vez más la región, utilizando Managua como punto de desembarque para continuar su viaje hacia el norte por tierra.
Este miércoles, Estados Unidos impuso una serie de sanciones a Nicaragua, acusándola de beneficiarse de la migración, y emitió una alerta para advertir a las aerolíneas que eviten ser cómplices de la “explotación de migrantes”.
El gobierno de Biden ha emitido una alerta para informar a las aerolíneas, operadores de vuelos chárter, agentes de viajes y proveedores de servicios sobre cómo las redes de tráfico de migrantes explotan los servicios de transporte para facilitar la migración irregular.
En un comunicado, el Departamento de Estado acusa al presidente Daniel Ortega y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, de haber ideado “políticas migratorias permisivas” que han permitido a las redes “explotar a los migrantes con fines económicos y fomentar peligrosos viajes irregulares hacia la frontera suroeste de Estados Unidos” con México.
Washington ha publicado una serie de medidas que las aerolíneas deben tomar para evitar ser cómplices. Se les recomienda vigilar las rutas de alto riesgo, informar sobre las agencias de viajes que les parezcan sospechosas, actuar con prudencia al tratar con empresas intermediarias opacas y transmitir información anticipada sobre los pasajeros.
Una funcionaria estadounidense que pidió el anonimato en una rueda de prensa telefónica describió al gobierno de Ortega como “muy cínico”, vendiendo visas “que requieren que las personas salgan en un plazo de 96 horas”. Añadió que es un “régimen agresor que se beneficia y facilita el tráfico ilícito de migrantes”, precisando que la medida no está destinada al sector del turismo.
Nicaragua se encuentra bajo sanciones estadounidenses por la represión de las protestas de 2018 contra Ortega, en el poder desde 2007. Washington considera fraudulenta su reelección en 2021 y le reprocha una ola de detenciones contra opositores, muchos de los cuales siguen en prisión o se vieron obligados a exiliarse y fueron despojados de su nacionalidad. Este miércoles, se reforzaron las sanciones.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) sancionó a COMINTSA y Capital Mining, dos empresas del sector del oro afiliadas al gobierno, “que generan ingresos” para el régimen, afirmó el Departamento del Tesoro en un comunicado.
También impuso sanciones al Centro de Capacitación del Ministerio del Interior de Rusia en Managua (RTC) que brinda cursos especializados para la Policía Nacional de Nicaragua (PNN) y las fuerzas del orden de otros países latinoamericanos.
Este centro “ayuda a mantener el ciclo de opresión” porque la PNN “lleva a cabo ejecuciones extrajudiciales, utiliza munición real contra protestas pacíficas e incluso participa en escuadrones de la muerte”, acusa el gobierno estadounidense, que considera que Nicaragua es uno de los principales socios de Rusia en Centroamérica.
Como resultado de las sanciones, todos los bienes y participaciones en bienes de los sancionados que se encuentren en Estados Unidos o que estén en poder o bajo el control de estadounidenses quedan bloqueados.
Paralelamente, el Departamento de Estado impuso restricciones de visa a más de 250 miembros del gobierno, incluidos policías y paramilitares, agentes penitenciarios, fiscales, jueces y funcionarios de educación superior pública, así como a actores no gubernamentales por apoyar al régimen de Ortega y Murillo.
Se les sanciona por “su apoyo a los ataques del régimen Ortega-Murillo a los derechos humanos y las libertades fundamentales y la represión de las organizaciones de la sociedad civil”, informó la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional estadounidense, Adrienne Watson, en un comunicado.
Desde noviembre de 2021, el gobierno de Biden ha restringido la entrada a más de 1,400 funcionarios nicaragüenses. La relación entre Estados Unidos y Nicaragua se ha tensado especialmente desde las elecciones de 2021, que se celebraron con los rivales del mandatario presos o en el exilio.
Desde entonces, Managua ha llevado a cabo una ofensiva contra miles de ONG y el mundo académico, además de intensificar la persecución de la Iglesia católica.