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    Emirates, ¿pura de árabe?: Darío Celis

    Opinión

    Javier Jiménez Espriú está metido en un problema. Garantizó en diciembre al embajador de los Emiratos Árabes Unidos, Ahmed Hatem Al-Menhali, que Emirates Airlines aterrizaría en la CDMX.

    Pero la SCT va asignar a la brava en una semana el slot en el aeropuerto Benito Juárez a la poderosa aerolínea, saltándose las trancas de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).

    Que la aerolínea llegue al país es una excelente noticia porque sacudirá a Aeroméxico, pero la falta de oficio de los funcionarios de la 4T podría frustrar un incentivo para una real competencia.

    Involuntariamente Jiménez, su subsecretario Carlos Morán y el director de Aeronáutica Civil, Rodrigo Vásquez Colmenares, le están haciendo la chamba a la aerolínea de Eduardo Tricio.

    La compañía que dirige Andrés Conesa y que preside Javier Arrigunaga no ha escatimado recursos para impedir que Emirates Airlines instaure un vuelo diario Dubai-Barcelona-CDMX.

    Más allá de los golpes bajos que bien saben dar los de Aeroméxico, les asiste la razón legal. Jiménez y Morán minimizaron los procedimientos y los delegaron a servidores públicos de tercer nivel.
    A finales del pasado mes de julio hubo una reunón que fue punto de inflexión en esta polémica. Asistieron Miguel Peláez, el director del aeropuerto de la CDMX; el susodicho Vásquez, y Agustín Cano.

    ¿Quién es Cano? Se trata del director general adjunto de Aviación, dependiente de Vásquez. Es el funcionario que para efectos prácticos asignó ya el slot para Emirates.

    Pero con la novedad que esa asignación no estuvo bien fundamentada, no pasa la prueba del aceite y va ser fácilmente impugnada por su falta de rigor. Y eso lo sabe Aeroméxico.

    En esa reunión incluso Peláez recriminó a Cano su accionar y Vásquez ahí dimensionó el gazapo. Acto seguido, se escaló el asunto a Morán y éste lo notificó a Jiménez Espriú.

    Digamos que la posibilidad de que la aerolínea que comanda Tim Clark aterrice en México es 50/50 y eso ya llegó a oidos del embajador Al-Menhali, quien, dicen, montó en cólera.

    Y es que cuando Jiménez le aseguró que podrían iniciar vuelos en diciembre próximo, inició la venta de boletos. Claro, siempre existe la posibilidad de que la 4T imponga su decisión.

    No va ser la primera vez que el nuevo régimen desconozca acuerdos con organismos internacionales y se vaya por la libre. Ya veremos la próxima semana.

    POR CIERTO QUE ayer el mismo aeropuerto Benito Juárez recibió ofertas para la construcción de la Terminal L, esta ampliación de la actual Terminal 2. El objetivo es anexarle 7 nuevas posiciones de contacto para agilizar las operaciones. La oferta más económica, de 371.5 millones de pesos sin incluir IVA, fue la de Eppcor de Juan Diego Gutiérrez Cortina, seguida de Gami de Manuel Muñozcano con 375.7 millones, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir con 399.1 millones, Tradeco de Federico Martínez con 399.9 millones y Grupo Hostos de Abraham Baruch con 414.5 millones. Fueron en total 10 postores. El fallo es el miércoles de la próxima semana.

    TÓMELO CON LAS reservas del caso, pero se rumora fuerte que fue Fibra UNO, que dirige Gonzalo Robina, el que se quedó con el paquete Titán que vendieron el fondo Walton Street Capital de Rodrigo Cueto y el desarrollador de parques industriales Finsa, de Sergio Argüelles. Según esto, el fideicomiso de Moisés El-Man ofreció 800 millones de dólares por el bloque de 40 propiedades que concentran millón y medio de metros cuadrados de inmuebles distribuidos en Tijuana, Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros y Puebla.

    A PROPÓSITO DE fondos, le refería hace un par de días que tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia, algunos grandes inversionistas, sobre todo estadounidenses, empezaron a manifestar aversión al riesgo y desistieron seguir apostando en el sector turístico. Uno es el influyente BlackStone, con fuerte presencia en nuestro país y que preside Steve Schwarzman. Tan sólo en la Riviera Maya traían un pipeline de mil millones de dólares para apoyar el desarrollo de hoteles y resorts gran turismo.

    OTRA DE FONDOS: pues con la novedad de que Gonzalo Gil y José Antonio Cañedo White vendieron los derechos litigiosos de la demanda contra el Estado mexicano y Pemex al fondo CM Squared Fund, pero la jueza del Distrito Sur de Nueva York, Shelley Chapman, y el juez concursal en México, Benito Zúrita, se opusieron. Los accionistas de Oro Negro van por un porcentaje de los casi mil millones de dólares que le quieren sacar al gobierno, ahora, de la 4T y a la empresa productiva que dirige Octavio Romero.

    HOY O el lunes los abogados Alberto Saavedra, de Santamarina y Steta, y Luis Cervantes, de Cervantes-Sainz, se reunirán para determinar condiciones para que sus respectivos clientes, Pablo Escandón y Alejandra Escandón, cierren un acuerdo amigable en torno al conflicto accionario de Nadro. El primero posee 84% y la segunda 16% del principal distribuidor de medicamentos del sector privado. El miércoles hubo un consejo convocado por la hermana. Se revocó la designación de José Manuel Arana como nuevo director.

    ATENCIÓN CON LA iniciativa de Andrés Manuel López Obrador de crear la empresa Internet para Todos. Le adelanto que un componente importantísimo del proyecto encargado al coordinador de la Estrategia Digital Nacional de Presidencia, Raymundo Artis Espriú, va ser la infraestructura satelital. Y en ese sentido empresas que están empezando a levantar la mano para llevar conectividad a regiones donde no llega ni fibra óptica ni microondas son firmas como Viasat, Eutelsat, Hispasat, Satmex y la estatal Telecomm.

    HABLANDO DE CONECTIVIDAD, tres son los accionistas principales que están pasando las de Caín tras la petición de Maxcom de acogerse a la Ley de Protección contra Bancarrotas en Estados Unidos. Apunte a Enrique Castillo Sánchez-Mejorada, Javier Molinar Horcasitas y Rodrigo Lebois. El primero presidente no ejecutivo de Citibanamex, el segundo CEO de Ventura Capital y el tercero dueño de Unifin. La empresa de telefonía está tratando de reestructurar unos 500 millones de dólares, entre activos y pasivos.

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