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    Eliminan uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados

    El Gobierno de México publicó este lunes una actualización de las medidas para prevenir la propagación del COVID-19.

    Opinión

    El Gobierno de México publicó este lunes una actualización de las medidas para prevenir la propagación del COVID-19.

    En el documento, se señala que el uso del cubrebocas no es obligatorio en espacios cerrados donde exista la sana distancia (que las autoridades de salud definieron como una separación de 1.5 metros entre persona y persona).

    En lugares donde no se cumpla esta condición, se sugiere que el uso del cubrebocas siga.

    Si nos atenemos a las nuevas indicaciones, el uso de cubrebocas también puede ser eliminado en los gimnasios, pues la Secretaría de Salud considera que puede omitirse el empleo de mascarillas si se realiza “trabajo físico intenso”.

    El documento establece que aquellas personas que aún no se vacunan contra el virus SARS-CoV-2 o que tienen algún padecimiento inmunodepresor deben seguir utilizando esta protección.

    Eliminan uso obligatorio del cubrebocas en espacios cerrados

    La dependencia agregó que se recomienda ponerse mascarillas en lugares de trabajo que estén mal ventilados o que sean compartidos con otras y otros compañeros.

    Por otra parte, Salud subrayó que debe mantenerse el uso de cubrebocas N95 o equivalente en espacios de trabajo donde exista una muy alta exposición a fuentes conocidas o sospechosas de COVID-19, esto es en espacios como hospitales o centros de salud.

    La Secretaría de Salud indicó también que, por ahora, el cubrebocas debe seguir siendo usado cuando las personas se trasladen a sus centros de trabajo en caso de hacerlo en transporte público (como el Metro o Metrobús, por ejemplo).

    Y ya que hablamos de trabajo, las autoridades sanitarias hicieron el recordatorio que ningún empleador puede exigir a sus colaboradores una prueba de COVID para que ingresen a sus oficinas o sitios donde laboran.

    “Las empresas deben contar con una política de protección a las personas trabajadoras para evitar que se condicione el retorno al trabajo por medio de pruebas financiadas por el trabajador”, se indica en el documento.

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