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lunes, octubre 18, 2021
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    OpiniónEl retorno de los Chupasangre: Darío Celis

    El retorno de los Chupasangre: Darío Celis

    Opinión

    La Cuarta Transformación

    Tal parece que la preconvocatoria publicada por el ISSSTE para el servicio médico integral de laboratorios de análisis clínicos para el trienio 2022-2024, va dirigido oooootra vez al “Cártel de los Chupasangre”.

    Sólo se adjudicarán en esta ocasión dos partidas de dos mil 500 millones de pesos cada una, y como vienen las bases, se dirige a los mismos que desde años han sido los beneficiados de estas licitaciones.

    Los requisitos de la preconvocatoria lanzada por los muchachitos de Luis Antonio Ramírez plantean una capacidad de recursos económicos que acrediten ingresos del 15% al 19.99% del valor de la oferta.

    Asimismo, un personal mínimo de 40 especialistas comprobables y con una antigüedad de seis meses en la empresa, aspectos que restan puntos a muchas medianas empresas que también quieren crecer y que además cuentan con la capacidad para ofrecer este tipo de servicios.

    Se denota de antemano que esta licitación nuevamente va dirigida al famoso cártel que ya fue sancionado y multado por la Comisión Federal de Competencia Económica, que ahora preside Brenda Gisela Hernández, hace apenas un año por actos de colusión.

    Hablamos de Selecciones Médicas de Francisco Pérez Fayad, Falcón de Noé Ramírez, Dicipa de Francisco Pallach, Impromed de José Fernando Chaín, Hemoser de Ignacio Higadera y Centrum de Valentín Campos.

    Esta práctica tiene relación con el IMSS, en donde desde junio de 2018 se suman innumerables adjudicaciones directas a un solo proveedor en el Laboratorio Central de Epidemiología, que se trata de uno de los más interesados en que justo ahora en el ISSSTE no haya libre participación.

    Centrum, uno de los seis del cártel, ha «ganado» este contrato sin pasar por algún procedimiento de licitación ni mecanismo transparente de contratación.

    Así que se mueven las fichas para recurrir a las antiguas usanzas y consolidarse de manera muy clara en estos institutos de salud pública que dan servicio a más de 30 millones de mexicanos.

    A propósito del Seguro Social, los activistas Rigoberto Campos y Manuel Valenzuela denunciaron más contratos por adjudicación directa, en este caso en la delegación de Baja California y parte alta de Sonora y demandaron la destitución de la titular de esa zona, Desireé Sagarnaga. Se señala a la empresa Reacción Médica del Norte de Chihuahua, beneficiaria de un contrato de 20 millones de pesos. El problema es que ahí trabajó la funcionaria, a la que acusan de opacidad y actos de corrupción en el manejo de recursos federales durante la pandemia. Los activistas también denunciaron el contrato de la compañía Lira y Hernández por 16 millones de pesos por la adquisición de toners y hasta una reparación del baño de la oficina de la delegada Sagarnaga por 342 mil pesos. Se pidió a Zoé Robledo que realice una auditoría a la delegación o solicite la fiscalización de la Auditoría Superior de la Federación. La denuncia se realiza en la víspera de la gira de trabajo por Baja California del presidente Andrés Manuel López Obrador.

    La decisión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 39/2021 que le adelanté ayer que prepara el ministro Juan Luis González Alcántara, es particularmente importante porque establece jurisprudencia que resulta obligatoria para todos los jueces y magistrados, y hasta para las salas de la misma Corte. Por ello se avecina en el tribunal constitucional una gran batalla en torno al modelo de país, de regulación sanitaria y el tipo de libertades. Todo eso se decanta de la constitucionalidad del precepto de la Ley General para el Control de Tabaco. No falta además quien vea en este asunto un tema de peculiar interés para el subsecretario Hugo López-Gatell, quien estaría enfilando sus baterías a posicionarse en la Organización Mundial de la Salud como un auténtico “talibán” antitabaco, futureando una carrera internacional para después del desastroso manejo de la pandemia.

    Ayer los abogados de Grupo Pochteca se apersonaron en la Unidad de Inteligencia Financiera a una audiencia legal para escuchar de primera mano las razones por las que una de sus filiales fue ingresada a la Lista de Personas Bloqueadas. El consorcio de Armando Santacruz es señalado por la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos como un posible importador de precursores de fentanilo, información que respaldaron con indagatorias los sabuesos de Santiago Nieto y del Cisen, que comanda Audomaro Martínez. Durante la reciente visita que hizo a México la delegación norteamericana, se dejó una lista de 50 grupos farmacéuticos sospechosos de participar en estas actividades ilícitas, mismos que estarán bajo la lupa de la parte mexicana.

    Ahora resulta que el secretario de Turismo le anda haciendo de publirelacionista de Aeromar ante los ministerios de Guatemala y Honduras. La empresa se aprovechó de la necesidad de sus pilotos, sobrecargos y demás personal, a quienes ha retenido pagos de ISR, incumplido cuotas del Infonavit, seguros de gastos médicos y reducido sueldos 30%. Miguel Torruco se convirtió en el interlocutor de la aerolínea de Zvi Katz sin conocer la crítica situación financiera y anda promoviendo una gira de trabajo del 24 al 27 de este mes a Guatemala y Petén para el Proyecto de Reactivación de la Conectividad del Mundo Maya entre Guatemala, Honduras y el sur de México, en el que el operador aéreo será, precisamente, la compañía de Katz y que dirige Danilo Correa.

    Por fin apareció el secretario de Hacienda y, como era lógico, tuvo que tragar sapos ante la comunidad internacional y calificadoras con la contrarreforma eléctrica. Durante su participación en el seminario del Atlantic Council, Rogelio Ramírez de la O se unió a la cargada para llenar de elogios la iniciativa de su jefe, Andrés Manuel López Obrador, y arremeter contra las empresas privadas que usaron el esquema anterior. No hay aceptación de que la iniciativa afectará el bienestar de la población porque va dislocar las finanzas públicas, pegará en el índice de flotación de la competitividad y la economía, y colapsará el medio ambiente.

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