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    OpiniónEl patrimonio cultural de Banamex, a capilla: Darío Celis

    El patrimonio cultural de Banamex, a capilla: Darío Celis

    Opinión

    LA VENTA DE Banamex por parte de Citi, que preside Jane Fraser, va a pasar por una aduana muy complicada de la 4T en la desincorporación de millonarios activos intangibles e invaluables bienes culturales.

    El valor de los activos intangibles de Citibanamex puede representar hasta 9% de los ingresos anuales de este grupo financiero en México y la gran interrogante que surge de esta desinversión es si el patrimonio artístico se puede vender y si el gobierno obradorista lo va a autorizar.

    En el mundo financiero se estima que todo el negocio de Citibanamex en México, que dirige Manuel Romo, tiene un valor de entre 12 mil 500 millones y 15 mil 500 millones de dólares.

    En tanto, los corredores públicos estiman que la valuación de activos de la banca de consumo, banca empresarial, afore, aseguradora, sucursales y edificios se puede elaborar en un par de meses.

    Sin embargo la valuación de los “activos intangibles” puede demorar un poco más; estamos hablando de las marcas, derechos de autor, franquicias, dominios de internet y el patrimonio cultural.

    Sólo los activos de Fomento Cultural Banamex, que tras la venta en 2001 por Roberto Hernández y Alfredo Harp a Citi, tardó varios meses en valuarse. El inventario de obras fue descrito en más de mil páginas.

    De lo más famoso contenido en ese patrimonio cultural destaca el Palacio de Iturbide, ubicado en el Centro Histórico de la CdMx, y otros cuatro edificios coloniales.

    Apunte el Museo Casa Montejo en Mérida, Yucatán; la Casa del Mayorazgo de la Canal, en Guanajuato; el Centro de Textiles del Mundo Maya, y el Palacio del Conde en Súchil, Durango.

    Agregue también unas dos mil 270 piezas de arte, entre las que destacan una vasta pinacoteca novohispana y pinturas de otros diversos estilos y épocas, esculturas, edificios, manuscritos y demás.

    Obviamente que puede ser transferido a un privado, nacional o extranjero, pero mucho de lo que está en la canasta es patrimonio nacional, de modo que no se descarta la intervención del Estado.

    Deberá haber un acuerdo para que los compradores (si es que pueden hacerse cargo de esto) recaben la autorización del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para conservarlo.

    Sólo los esfuerzos por mantener en óptimas condiciones y cuidados edificios coloniales, pinturas, esculturas y manuscritos pueden significarle al comprador la erogación anual de millones de dólares.

    En la desinversión de activos seguro existirá la supervisión del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), que dirige Diego Prieto, y de la Secretaría de Cultura, a cargo de Alejandra Frausto.

    También el propio Presidente López Obrador y su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, Coordinadora Nacional de Memoria Histórica, estarán pendiente del destino de tanta riqueza cultural.

    No pueden quedar en mano de personas o instituciones que no les den el debido tratamiento. Para ello existe el artículo 36 de la Ley de Monumentos Históricos que le otorga esa función al INAH.

    POR CIERTO QUE más de 12 horas pasaron después de que Citi anunciara, el martes pasado, la decisión de iniciar un proceso de desinversión en México en prácticamente todas sus actividades, uno de los eventos corporativos y de negocios más importantes en la historia reciente de la vida financiera del país, y por ende, para la Secretaría de Hacienda, a cargo de Rogelio Ramírez de la O, como cabeza del sector regulador. Pero en el gobierno de la 4T no salía el más mínimo comentario o la obligada reacción de alguien para tranquilizar a los clientes de esa institución. Tuvo que ser el Secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y eso porque alguien se lo preguntó ayer en la conferencia mañanera, quien, como pudo y evidenciando a todas luces su desconocimiento de los tópicos bancarios, ofreciera el primer posicionamiento oficial sobre este tema. Ya horas después reaccionó la siempre desaparecida secretaría de Ramírez de la O, emitiendo su primer comunicado. Así la improvisación frente a los asuntos de Estado en este gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

    INTERPROTECCIÓN AGENTE DE Seguros y Fianzas, a través de su bróker de reaseguro Reasinter, ha venido operando con el respaldado del actual gobierno por las buenas relaciones que ha construido con los inquilinos de Palacio Nacional. Presiona y amenaza al mercado asegurador para conseguir ser el respaldo de los programas de aseguramiento de los bienes de la Administración Pública Federal, pese a la demanda que le puso Seguros Afirme por una deuda mayor a 100 millones de pesos por la incorrecta colocación del riego del programa de aseguramiento 2019-2020 de los bienes del IMSS, que maneja Zoé Robledo, que aún sigue sin resolución. Hoy repite ahora con el ISSSTE, por lo que es menester revisar a detalle el proceso de colocación de dicho bróker y dar vista a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas para que efectúe un análisis exhaustivo a los expedientes de los programas antes mencionados, con la finalidad de prevenir y evitar que sean las aseguradoras quienes terminen haciendo frente a las malas prácticas de Interprotección y Reasinter, sin que exista responsabilidad para ambas.

    El 31 DE este mes es el plazo límite para que los concesionarios de radio y televisión logren un acuerdo con los sindicatos, dentro del proceso del “contrato ley”. El aumento que se fija aplica a todas las estaciones. Con los incrementos al salario mínimo, pero a la par la gran caída en ingresos en radio por paro de actividades debido al Covid-19, la negociación se prevé compleja. Pero no puede iniciar porque los líderes del STIRT y SITATYR tienen coronavirus, con lo que los plazos se acortan y la incertidumbre crece. Se espera que la Secretaría del Trabajo que lleva Luisa María Alcalde cite a partes la próxima semana.

    SOBRE EL CASO Abengoa México, se había autorizado por la Juez Sexto de Distrito en Materia Civil de la CdMx la modificación del convenio concursal original en que se habían comprometido pagar al 100% los créditos para ofrecer un pago del 40% de los créditos. Banco Base, de Lorenzo Barrera, impugnó la modificación. Resulta que el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito de la CdMx en sesión del 7 de enero pasado confirmó en definitiva la desaprobación de dicha modificación del convenio y la consecuencia será que queda vigente el anterior, el cual han incumplido, desde un principio de su vigencia, y se revisará si ese incumplimiento generará la quiebra de la empresa.

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