La Secretaría de Salud ya se fue en banda con el acuerdo de finales de enero, que acepta la equivalencia de los requisitos de otros organismos internacionales para importar insumos sin registro sanitario local.
Bajo el falso argumento de inaccesibilidad en condiciones satisfactorias, se empezaron a traer así desde principios de año oncológicos como doxorrubicina, paclitaxel y bleomicina.
Con este otro cambio de reglas, la dependencia de Jorge Alcocer trajo de Francia el famoso metotrexato del laboratorio Mylan, y después de Argentina la ciclofosfamida y vincristina de la farmaceútica Kemex.
En ese momento quizás pudo justificarse el procedimiento, pero a estas alturas el que dicha Secretaría haya institucionalizado el mecanismo es un despropósito en el que incluso sale perdiendo el erario.
El gobierno de la 4T está dejando ir precios más competitivos que pudo obtener aquí en aras de salir a buscar al exterior, con la agravante de que los medicamentos no pasan por la báscula de la pruebas en México.
Esta vuelta a la regulación ya provocó el enfrentamiento incluso de dos laboratorios de reconocido prestigio: la estadounidense Amgen, que dirige aquí Martín Cao, y la suiza Roché, que preside Andrés Bruzual.
Resulta que recién se acaba de adjudicar un contrato más para proveer bevacizumab, otro medicamento encajado en la categoría de los oncológicos, en este caso combate el cáncer conorectal.
Salud se lo adjudicó a Amgen, que carece del registro sanitario de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), certificado que sí posee Roché, que lo pudo ofertar 20% más barato.
El gobierno cree que se ahorra millones de pesos: Salud está torciendo las compras con contrataciones donde invita a laboratorios con registros y después les avisa que asignó a un tercero sin registro.
Así procedió en diciembre, después en enero, más tarde en abril y ahora para la compra de digoxina elixir, dorzolamida y nuevamente bevacizumab, cuya respuesta de cotizaciones deben mandarse hoy.
Este desorden que se alienta desde la Cofepris ya provocó el enfrentamiento de laboratorios innovadores, más allá de la histórica confrontación de genéricos y de patentes o extranjeros y mexicanos.
Los afectados no tienen forma de contener el caos que el regulador a cargo de José Alonso Novelo alentó, pues por la emergencia sanitaria no hay ni tribunales administrativos ni juzgados donde interponer demandas.
Los orquestadores del desorden en la Secretaría de Salud son Omar Valdés, director de Recursos Materiales y Servicios Generales; y el titular de la Unidad de Administración y Finanzas, Pedro Flores.
LARRY FINK se considera amigo de Andrés Manuel López Obrador. El poderoso banquero igual se le metió a Luis Videgaray y a Emilio Lozoya Austin. El sector energético era su terreno en el sexenio pasado, como ahora con la 4T será la movilidad. Le cuento esto porque Black Rock se perfila para llevarse carro completo en lo que es considerada la joya de la corona del Tren Maya. Ya le habíamos informado que el influyente gestor de fondos lanzó una oferta no solicitada al gobierno de Quintana Roo, que encabeza Carlos Joaquín González, para rehabilitar y ampliar la autopista Cancún-Tulúm. Va asociado con el constructor favorito del presidente: Manuel Muñozcano de Indi-Gami, y la española Azvi de Manuel Contreras. Pero la novedad es que Black Rock también está por lanzar una oferta no solicitada al Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, para el Tramo 5 también en el mismo corredor Cancún-Tulúm. El consorcio de Fink incluiría a Prodemex, de Olegario Vázquez Aldir, y a la operadora francesa TSO, que encabeza Emanuele Perron.
Y MIENTRAS UNOS se afianzan otros empiezan a retirarse. Es el caso de la no menos poderosa Halliburton, que preside Jeff Miller. La corporación estadounidense notificó a clientes que cerró oficinas en la CDMX, Villahermosa y Base Paraíso. Dos son los motivos: el Covid-19, que la obliga a impulsar el llamado “home office”, y las condiciones del mercado petrolero global, con una caída en los precios internacionales que llevó a Pemex a recortar planes y producción. La firma va a relocalizar personal y funciones en cuatro oficinas. Hoy atiende principalmente a la empresa productiva del Estado, a cargo de Octavio Romero, y a la angloholandesa Shell, que comanda Alberto de la Fuente. No es remoto que Halliburton cierre todo a finales de año y opere desde sus oficinas de Houston.
EN LAS PESQUISAS de Raquel Buenrostro y Horacio Duarte contra funcionarios aduanales de Baja California, salta el nombre de Alejandro Miramontes. Los titulares del SAT y Aduanas, respectivamente, lo ubican como cabeza de una operación que involucra los puntos de revisión fiscal de Mexicali, Tijuana y Tecate para la introducción de vehículos ‘chocolates’ que entran a precios muy abajo de su valor real. Miramontes, que fue destituido en septiembre pasado de la aduana de Mexicali, es uno de los colaboradores más cercanos a Ricardo Peralta, conocedor también del mercado de compra-venta de automóviles usados, tras su paso como abogado de Autofin, que capitanea Juan Antonio Hernández.
A PROPÓSITO DE Ricardo Peralta, dicen que el subsecretario de Gobierno de Gobernación debe ir preparando el discurso para su jefa, Olga Sánchez Cordero, y para el propio Andrés Manuel López Obrador, cuando se enteren de que desde la Dirección General de Juegos y Sorteos apenas el 6 de diciembre pasado emitió una autorización a El Palacio de los Números para operar una nueva unidad de casino en Ciudad Juárez, mediante el oficio DGJS/1121/2019. Con este establecimiento la cadena de Eduardo Luis Laris y que dirige Oscar Paredes llegó a 31 centros de apuestas en el país, justo cuando el presidente aseguraba que en su gobierno no se ha autorizado ni se autorizará ni un solo casino.
EL GOBIERNO DE Claudia Sheinbaum acaba de adjudicar a Sí Vale, que dirige Gerardo Yepez, un contrato para suministrar unas 18 mil tarjetas electrónicas para adquirir gasolina, gas natural, gas licuado y diésel. Son plásticos que el gobierno de la CDMX estará dotando como parte del Programa de Subsidio a Combustibles para el Transporte de Pasajeros Público Concesionado Colectivo Clasificado como Rutas y Corredores, como apoyo a los transportistas afectados por el Covid-19, el cual contempla un servicio para 5 meses para la dispersión de 4 a 6 mil pesos a cada tarjeta, haciendo un máximo de 354 millones de pesos.