El ingeniero Carlos Slim Helú, el vigésimo primer hombre más rico del mundo, tuvo la osadía de aventarse un triple salto mortal sin red de protección y no cayó bien parado.
El episodio tuvo lugar el viernes 18 de septiembre en Palacio Nacional. El dueño de América Móvil y su colega, Miguel Rincón, dueño de BioPappel y compadre de Andrés Manuel López Obrador, visitaron al presidente.
La reunión era cordial, afable y sin el mayor sobresalto, hasta que Slim le acercó su teléfono celular y le puso al tabasqueño a Ana Botín, la presidenta del influyente Banco Santander.
Imposible registrar con exactitud lo que la hija de Emilio Botín le habrá dicho a López Obrador, pero después del obligado saludo respetuoso la banquera le pidió intercerder a favor de Prisa en el pleito con Miguel Alemán Magnani y Carlos Cabal por el control de Radiópolis.
“Ana, yo estoy al margen de ese asunto y no puedo intervenir. Las cosas ya no se resuelven como antes. Lo más que puedo hacer es llamar a las partes a una conciliación. Te recuerdo que México ya no es una colonia”, palabras más palabras menos contestó el presidente.
¿Por qué Slim tuvo el atrevimiento de apostar su capital político a favor de la dueña de Santander, que posee 5% de Prisa? Porque también es accionista: posee alrededor de 4.3%.
López Obrador cumplió su dicho: cuatro días después, el martes 22 de septiembre, abogados y cabilderos de las partes en conflicto, Prisa y Coral, estaban reunidos con el Consejero Jurídico, Julio Scherer.
Por los primeros el abogado Jesús Guerra y el litigante César González, socio de Juan Araujo. Por los segundos el abogado Luis Cervantes y el ex directivo de Prisa, Antonio Navalón.
“Tengo la instrucción del presidente para ayudar a que se pongan de acuerdo, y si no, pues hasta donde tope”, soltó el que hoy por hoy es el hombre de mayor confianza de AMLO.
De la reunión de hace exactamente tres semanas salieron dos cosas: que Coral y Prisa no pueden ser socios y que cada parte tiene interés de comprarle su 50% al otro. Ya se contrató a E&Y, que capitanea Víctor Soulé, para que realice la valuación.
Este martes está emplazada una segunda reunión para poner en la mesa una postura de compra. Prisa, que preside Javier Monzón, tendría que partir de un valor de mil 245 millones de pesos más un dividendo de 285 millones, que fue lo que Alemán y Cabal pagaron por el 50% de Televisa.
Ese paquete, por mucho, vale más que el 50% de las acciones de Prisa, porque son títulos que sí tienen control y voto, a diferencia de éstas.
Además, el consorcio de medios español no puede comprarlas directamente porque la limita la Ley de Inversiones Extranjeras. Prisa tendría que llegar con un socio mexicano.
¿Será Slim? ¿O Tal vez Roberto Alcántara, el dueño de Viva Aerobús y Grupo IAMSA? ¿Quizás Francisco González, el de Multimedios? ¿O en una de ésas Carlos Fernández, el ex director y ex accionista de Grupo Modelo?
La pelea por el control del sistema Radiópolis.
El desaire a Ana Botín no es el único que ha propinado el presidente. Los inversionistas y la banca española están entre desconcertados y nerviosos. No son bien vistos porque históricamente se han servido del mercado y transferido sus ganancias a las oficinas matrices. El BBVA es el mejor ejemplo. Con la agravante de que el presidente del Consejo aquí, Jaime Serra, fue maestro en el Colegio de México de Carlos Urzúa y de Arturo Herrera, en quien influyó en su momento y en quien ha tratado en la actualidad. Por si lo anterior no fuera suficiente, el BBVA apoyó abiertamente la candidatura de José Antonio Meade.
Varias señales positivas ayer en el anuncio del paquete de infraestructura. La flexibilidad de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, que empezó a soltar obras. Vienen más paquetes en las semanas subsecuentes. Marcelo Ebrard, Julio Scherer y Alfonso Romo los principales apoyadores del sector privado. Estos mismos funcionarios están pugnando con Andrés Manuel López Obrador para que se cree una oficina que dé seguimiento y ayude a destrabar más proyectos que están en la tubería legal y burocrática. Sería una instancia que coordinara una especie de Comisión para la Recuperación Económica.
Le adelantaba ayer que el Fonatur, que capitanea Rogelio Jiménez Pons, ya arrancó el proyecto del nuevo aeropuerto de Tulúm, que costaría unos 8 mil millones de pesos. Fíjese que otro plan en el que ya se trabaja es en un nuevo aeropuerto en Mérida. El objetivo es mover al actual para permitir el desarrollo de la ciudad a la parte sur. Hoy la terminal funciona como un muro de contención. El inversionista que ya alzó la mano es José Antonio Loret, operador de la terminal de carga de Chichen-Itzá. Ambos planes, el de Tulúm y el de Mérida, que a su vez costaría 10 mil millones de pesos, pegan en el índice de flotación de Asur, de Fernando Chico.
Por cierto, que ayer el mismo Rogelio Jiménez Pons salió al paso de las declaraciones de Gustavo de Hoyos. Y es que el presidente de la Coparmex había asegurado el domingo, entre otras cosas, que el Tren Maya no cumple con criterios de rentabilidad económica y social. “Los resultados de la evaluación muestran un valor presente neto positivo de 206.6 mil millones de pesos y una TIR social de 21.2%. El proyecto permitirá ahorrar 46% del tiempo de viaje a las personas que migren en él y en carga transportará mercancías a una velocidad 72% superior a las vías actuales y 12% superior que el autotransporte”, aseguró en una réplica.
La asociación sindical de Sobrecargos de Aviación de México, que lidera Ricardo del Valle, recibió de abril a junio pasados 1.3 millones de dólares de Aeroméxico. Son apoyos adoptados antes y durante la pandemia. Pagos de cuotas sindicales, seguros de vida y compensaciones de puestos sindicales, compromisos generados entre la aerolínea que dirige Andrés Conesa y el gremio. También a la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores, que preside Rafael Díaz Covarrubias le pagaron 1.7 millones de dólares en ese mismo periodo. Son compromisos de la empresa de Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo con su base laboral.
Tal y como le anticipé hace unos días, Disney solicitó una tercera prórroga… y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ¡se la volvió a conceder! Ya ni entre los asesores jurídicos del conglomerado del entretenimiento que preside Bob Chapek creen que puedan vender los canales de Fox Sports en los próximos dos meses, que es la duración del nuevo plazo que les abrieron los comisionados Adolfo Cuevas, Sóstenes Díaz, Mario Fromow, Javier Juárez, Arturo Robles y Ramiro Camacho. La prórroga concluye ahora el próximo 4 de diciembre.
Walmart de México, que preside Ghuilherme Loureiro, empezó a apretar a sus proveedores en el contexto de la entrada en vigor del nuevo etiquetado frontal de productos. El gigante fundado por Sam Walton y en menor medida Soriana, la de Ricardo Martín Bringas, pretendían que a partir del 15 de octubre sus asociados pasaran a recoger alimentos y bebidas envasadas que no tuvieran los distintivos de los exágonos negros. Afortunadamente el amparo que le referí ayer que ganó la Concamín, de Francisco Cervantes, distensó las cosas.