En los próximos días, México enfrentará una decisión crucial para el futuro de su democracia. Las autoridades electorales, representadas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), tienen la responsabilidad histórica de decidir sobre la asignación de las diputaciones plurinominales en la Cámara de Diputados, un proceso que debe estar fundamentado en la voluntad ciudadana expresada en las urnas.
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y los organismos que lo conforman hacen un firme llamado a estas instituciones para que la asignación de las diputaciones plurinominales se realice bajo una interpretación sensata, justa, equilibrada y alineada con los principios constitucionales. Es imperativo que este proceso refleje fielmente la diversidad política del país y que respete los límites establecidos para evitar la sobrerrepresentación, garantizando así que la Cámara de Diputados sea un reflejo auténtico de la voluntad popular.
La representación proporcional es un pilar fundamental del sistema democrático mexicano, diseñado para asegurar que todas las voces, incluyendo las de las minorías, estén debidamente representadas en el Congreso. La Constitución, en su artículo 54, establece claramente que ningún partido puede tener una sobrerrepresentación mayor al 8% en comparación con los votos obtenidos en las urnas, ni contar con más de 300 diputados en total. Además, este artículo subraya que para acceder a las diputaciones plurinominales, los partidos deben registrar candidatos en al menos 200 distritos electorales, una regla que se aplica a las coaliciones en su conjunto y no a los partidos de manera individual.
El CCE subraya la importancia de que el INE, en su rol de primera instancia decisoria, adopte una lectura exhaustiva y sistemática de la Constitución. Esta interpretación debe garantizar que la Cámara de Diputados represente de manera fiel el equilibrio de fuerzas políticas que existe en el país, reflejando la auténtica pluralidad de la sociedad mexicana.
Desde el sector empresarial, se confía en que las autoridades electorales tomarán una decisión que promueva la pluralidad política y la proporcionalidad, asegurando que los derechos de las minorías sean respetados. Este respeto es esencial para mantener el equilibrio entre los poderes de la Unión y para preservar el espíritu democrático que caracteriza a México.
Este llamado es un recordatorio de la importancia de que las decisiones electorales se basen en los principios constitucionales y en la voluntad expresada por el pueblo, para fortalecer la democracia y asegurar una representación política justa y equitativa.