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sábado, noviembre 28, 2020
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Decide hoy la Corte si cede a la prohibición: Darío Celis

Hoy se discutirá en la Segunda Sala de la Suprema Corte un asunto de gran importancia para la industria tabacalera, fumadores y vapeadores.

Se trata de un amparo en revisión en el que es parte Sanborns, que dirige Patricio Slim Domit, en el que la Corte volverá a pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo 16, fracción VI, de la Ley General de Control de Tabaco.

Este es el artículo que en el año 2008 prohibió la comercialización y venta de productos alusivos al tabaco y sus marcas, es decir, aquellos que sin ser cigarrillos presentaban elementos de marcas de tabaco e inducían de alguna manera a la población a la adopción del tabaquismo.

Desde entonces, se entendió que la prohibición iba dirigida a productos como los cigarros de chocolate.

El problema durante los últimos años ha sido interpretativo, pues la Comisión Federal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a cargo de José Alonso Novelo Baeza, ha interpretado que dentro de esa prohibición también se incluye a los cigarros electrónicos y otras alternativas de consumo de nicotina.

Así, conforme a la autoridad sanitaria, este artículo prohíbe comercializar en México cigarros electrónicos como el Juul, o dispositivos de tabaco calentado, como el iQOS de Philip Morris o el GLO de British American Tobacco, a pesar de que ni siquiera el cigarro tradicional está prohibido, o que en 2008 estos dispositivos electrónicos ni siquiera existían.

En la discusión han estado muy activas las asociaciones de consumidores y vapeadores, y su argumento central ha sido de igualdad y libertad: no se explican cómo podría prohibirse la venta de productos innovadores que buscan disminuir los daños del tabaco tradicional, mientras está permitida la venta de cigarrillos convencionales que causan gran daño a la salud.

Tampoco se explican por qué nuestro país parece caminar ese sendero mientras que en 75 países, entre ellos Estados Unidos, Japón y Reino Unido, están regulados.

Tanto la Primera como la Segunda de la Sala de la Suprema Corte de Justicia ya se han pronunciado en otros amparos, determinando que la prohibición es inconstitucional.

El tema es que hace unos meses la Segunda Sala abrió la posibilidad de cambiar su criterio y ahora, bajo la ponencia del ministro Luis María Aguilar, definirá su posición.

Y es que no sólo se trata de los cigarros electrónicos y del derecho de los fumadores a contar con alternativas al cigarro tradicional, sino de la posición de la Corte frente a políticas de prohibición y limitación de las libertades.

En principio lo razonable parecería ser que estos nuevos productos se regulen de manera estricta, igual que el cigarro tradicional. Que su venta sea en establecimientos controlados y previa identificación.

Lo anterior para evitar venta a menores y que el regulador, léase la Cofepris, que ahora controla el subsecretario Hugo López-Gatell, en lugar de prohibir, vigile, estudie y supervise estos productos.

Veremos el balance en la Segunda Sala, donde votarán además del ponente Aguilar, la ministra Yasmín Esquivel y los ministros Alberto Pérez Dayán, Javier Laynez y Fernando Franco.

Le platicaba del modus operandi que Luis Antonio Ramírez, el director del ISSSTE, implantó para pagar adeudos atrasados a algunos de los más importantes proveedores. Hablamos de servicios como cirujías de mínima invasión, laboratorios clínicos, banco de sangre, emodiálisis, diálisis peritoneales y endoscopías, por mencionar las más recurrentes. Se estima que este personaje que le señalamos aquí, Ayub Safar, ha procesado cobros de entre 9 mil 10 mil millones de pesos con una especie de servicio ‘llave en mano’, que pone a la disposición de los urgidos contratistas del ISSSTE, con el apoyo de la Subdirección de Infraestructura a cargo de Gustavo Mendoza Fierros y la Tesoría que lleva Ismael Villanueva Zúñiga. Los pagos salen en tiempos récord de dos semanas, previa aceptación de una comisión de 10% sobre el adeudo.

La práctica del pago de ‘moches’ de contratistas para lograr que les liquiden facturas de trabajos ejecutados, también es muy común en Pemex. Ya le habíamos platicado también aquí de la gestoría que hace un individuo llamado Carlos del Ángel Pérez, que lidera una red interna de coyotes que se dedica a agilizar pagos a proveedores de servicios desde oficinas alternas, una de ellas ubicada en el famoso edificio El Pantalón, en Bosques de Las Lomas. A pesar de las múltiples denuncias que se han realizado, el Órgano Interno de Control de la petrolera optó por ignorarlo. Y cómo no, si Del Angel es operador del director de Administración, Marcos Herrería, que junto con el propio Octavio Romero, trabajaron juntos los tres en el gobierno del DF con Andrés Manuel López Obrador.

También en seguridad Alimentaria Mexicana se investigan operaciones de compras de granos y productos de la canasta básica. Hasta ahora es la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que comanda David Colmenares, la instancia que investiga al interior de ese organismo que fusionó a Liconsa con Diconsa. La dirige Ignacio Ovalle, político que tuvo la virtud de darle uno de los primeros empleos por allá de finales de los 70 a Andrés Manuel López Obrador en el Instituto Nacional Indigenista, motivo por el cual el presidente lo tiene en buena estima. Pero esa cercanía podría trastocarse si se comprueban transferencias de recursos a cuentas de Estados Unidos de su primer círculo. Las pesquisas apuntan también a René Gaviria, su ex brazo derecho.

Le platicaba que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arnanis, está retrasando el fallo de la licitación del Paquete Sureste. Son cinco carreteras que pertenecen al Fondo Nacional de Infraestructura, que a su vez depende de Banobras. La institución que dirige Jorge Mendoza ya tiene las ofertas económicas de cinco consorcios y desde el viernes debió emitir el fallo para asignar los contratos para modernizar y gestionar los 523 kilómetros. El punto es que Arganis no está de acuerdo en que se ceden a empresas privadas bajo el esquema de Asociación Público-Privada. El viejo funcionario quiere que pasen al control de Caminos y Puentes Federales y que sea el organismo que dirige Genaro Enrique Utrilla el que rehabilite y administre esa red.

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