En una sesión inédita, cinco de siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; destituyeron a su presidente José Luis Vargas, como consecuencia de sus continuos desencuentros con sus compañeros magistrados. Principalmente por no garantizar la independencia de ese órgano; y por tomar decisiones arbitrarias continuamente en contra de las opiniones de la mayoría, como fue el caso de votar a favor Salgado Macedonio en la controversia con el INE. A esto se sumó que la Unidad de Inteligencia Financiera reabrió una investigación al magistrado presidente, por enriquecimiento ilícito de cerca de 36 millones de pesos, poniendo en entredicho su cargo y la honorabilidad de quienes ocupan cargos como tal.
El hecho es de mencionarse por que no es común que en el seno de un organismo público tan importante como la Sala Superior del Tribunal Electoral; sus integrantes hayan tomado una decisión como esa, habida cuenta el impacto que puede tener sobre sus propias carreras y con alcances político, mediático y público negativos, ya que actualmente el tribunal está resolviendo las controversias interpuestas por las elecciones intermedias del 6 de junio, las que recién pasaron.
El cómo se está resolviendo la situación, también es inédito, pues, por un lado, el magistrado Vargas había dicho que presentaría una controversia constitucional, -lo cual es su derecho-; que los magistrados no tenían facultades para destituirlo y, además, llevó el conflicto a las redes sociales. Por el otro lado; los magistrados pidieron al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Arturo Zaldívar -quien no tiene ninguna facultad sobre el Tribunal Electoral-, actuar como mediador. Finalmente, esta semana el magistrado José Luis Vargas presentó su renuncia y el presidente nombrad por los cinco ministros tampoco aceptó el cargo, nombrándose un presidente interino para que el tribunal siga trabajando hasta que toque nombrar un nuevo presidente.
Finalmente, lo importante es que prevalezca el propósito para el que existe el Tribunal Federal Electoral, que es el de resolver con legitimidad, imparcialidad y objetividad las controversias electorales y que son de interés público. Si para ello tienen que superar un conflicto interno; pues varias cabezas piensan mejor que una sola. La fortaleza de instituciones como ésta o el INE; es permanecer por encima de un solo mando, de un solo criterio y de una sola visión de quienes ostentan por un tiempo el mando o el poder.