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martes, septiembre 22, 2020
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Chihuahua dispara deuda: Darío Celis

Entre los personajes más interesados en presionar al gobierno de la 4T para modificar la Ley de Coordinación Fiscal y redistribuir las participaciones federales a las entidades, se encuentra el combativo gobernador de Chihuahua, Javier Corral.

En múltiples ocasiones, el panista ha calificado la fórmula para repartir los impuestos como ‘vetusta, inequitativa e injusta’ y en el camino ha logrado sumar a sus peticiones a casi la mitad de los mandatarios del país.

El reclamo se entiende en un escenario en el que la pandemia por Covid-19 dejará en la entidad chihuahuense una caída de 11.2% en el PIB, pero se observa como una medida desesperada para solventar una deuda pública que en los últimos dos años ha crecido en alrededor de 40%. 

En específico, Chihuahua cerro las cuentas del primer semestre del año 2020 con una deuda acumulada de 42 mil millones de pesos, la cuarta más onerosa de las 32 entidades, sólo por debajo de la CDMX, el Estado de México y Nuevo León, pero con ingresos por supuesto inferiores a esos tres estados.

La cifra al cierre de junio contrasta de manera importante con la que se tenía en 2018, cuando el rubro de pasivos apenas rebasaba los 30 mil millones; es decir, Corral echó manó de unos 12 mil millones de pesos en tan sólo 18 meses, una decisión que puede marcar el legado de su gestión.

El incremento en la presión presupuestaria, según la cuenta pública, se observa en mayor medida en la denominada deuda a largo plazo; o bien, en los compromisos que el gobierno panista heredará a la administración que tomará las riendas del estado en 2021.

Habrá que recordar que, por única ocasión y para empatarse con los calendarios electorales federales, el actual gobierno en el estado de Chihuahua tendrá una duración de cinco años, por lo que esta administración se encuentra prácticamente en lo que sería su recta final.

Si se compara esta gestión del panista con el último año del periodo de César Duarte, los números tampoco dejan bien parado al gobierno blanquiazul porque la deuda a largo plazo del exmandatario priísta apenas se incrementó en poco más de mil millones de pesos.

De manera detallada, de unos 22 mil 800 millones de pesos que se tenían contratados en deuda a largo plazo para 2015, se incrementaron a 23 mil 900 millones para finalizar 2016, año en que el priísmo entregó el estado al Partido Acción Nacional.

Por el contrario, del cierre de 2018 a los primeros meses de 2020 la deuda contratada a largo plazo por Corral creció desde los 23 mil100 millones a los 31 mil 700: nada más y nada menos que 8 mil 100 millones de pesos de carga adicional financiera para el gobierno sucesor.

Con el estatus en las arcas públicas, la capacidad de maniobra del próximo gobierno será muy limitada, por lo que la más viable respuesta a los problemas financieros es precisamente incrementar los 58 mil millones de pesos que el estado recibe anualmente de la Federación.

El mismo día en que Grupo Aeroméxico inició un proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, momento en que los trabajadores ya habían reducido su salario, varios de sus directivos recibieron compensaciones ejecutivas o bonos por un total de 2 millones 41 mil dólares. Andrés Castañeda (vicepresidente ejecutivo), Claudia Cervantes (vicepresidente legal), Eduardo Tricio (miembro de la junta directiva), Ricardo Sánchez Baker (director financiero) y Sergio Allard (director ejecutivo de Relaciones Institucionales), son los ejecutivos que aparecen en la lista presentada esta semana ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York. Andrés Conesa, director general, fue el que sacó la mejor tajada en el último año: 3 millones 569 mil dólares entre el 20 de junio de 2019 y el 30 de junio de 2020. Tan solo el mismo día en que Aeroméxico se fue al Capítulo 11, recibió más de 900 mil dólares. En el último año la aerolínea que preside Javier Arrigunaga repartió más de 9 millones de dólares a 19 miembros, entre compensaciones ejecutivas, participación accionaria y compensación como miembro de la junta directiva, según se puede ver en el mismo documento.

El senador de Morena por Baja California, Gerardo Novelo Osuna, presentó una reforma legislativa para involucrar a los tres poderes de la unión en el proceso de creación de reformas. Ello se podría lograr al modificar los Artículos 89 y 93 de la Constitución Política y permitir la participación de todos los sectores interesados en el proceso de creación y modificación de leyes. En dicho proyecto se establece la obligación del Poder Ejecutivo en colaborar con los legisladores en lo individual, mejorando la cooperación interinstitucional entre los poderes de la unión. “Necesitamos dar atribuciones y facultades a los legisladores del Congreso de la Unión para requerir opiniones, comentarios e información, en general, previo y posterior a la presentación de iniciativas y asuntos parlamentarios” indicó Novelo Osuna el pasado 14 de agosto con motivo de su II Informe.

A cualquier mortal le lleva tramitar y lograr un nuevo registro de marca en el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) entre 6 y 7 meses, promedio. El primer paso es hacer el pre registro y a los 4 días, más o menos, se abre un periodo de 30 días que se le llama de oposición, para que un tercero pueda pronunciarse si es que tal registro puede tener alguna afectación a sus intereses. Pero qué cree, el organismo que lleva Juan Lozano permitió que el presidente se saltara las trancas de la ley. Y es que el IMPI acaba de expedir el registro 2111414 que ampara la denominación ‘Andrés Manuel Lopez Obrador’ en un tiempo récord de 35 días. La solicitud fue presentada el 13 de julio pasado y se concedió apenas el 21 de agosto. El registro vence el 13 de julio del año 2030.

La empresa blue Propane, de Jorge Alberto Elías Retes y Marco Antonio Sánchez, demandó penalmente al alcalde de Tijuana, Arturo González, y a todo su Cabildo, por invadir atribuciones exclusivas de la Federación en materia de hidrocarburos, así como por impedir el establecimiento de estaciones de gas para la venta al público. Además, los gaseros llevaron su queja hasta la Secretaría de la Función Pública, porque el municipio ha entregado contratos por adjudicación directa de más de 350 millones de pesos a la empresa Gas Silza, del Grupo Tomza, de Tomás Zaragoza, misma que podría considerarse un monopolio en el estado de Baja California al concentrar más de 60% de lo permisos para realizar actividades de la cadena de comercialización de gas LP.

Resulta que, sin cumplir con el requisito de procedibilidad relativo a la autorización de accionistas requerida para solicitar un concurso mercantil, la jueza María del Carmen Leticia Hernández admitió a trámite el concurso mercantil de Grupo Senda y le otorgó medidas cautelares que señalan que curiosamente no se les entregue ninguna cantidad a sus bancos acreedores. Ese proceder ya derivó en que la Jueza Primera de Distrito en Materias Civil y del Trabajo en el Estado de Nuevo León, haya sido denunciada ante la Fiscalía General de la República, por conceder una ventaja indebida al principal consorcio del autotransporte de pasajeros del norte del país, mismo que preside Jaime Rodríguez Silva.

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