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    Opinión Bancos contra la pared: Darío Celis

    Bancos contra la pared: Darío Celis

    Porque la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) analizó en su pleno del jueves este caso que viene documentando cuatro años atrás y está por notificar a los agentes económicos involucrados, y porque desde hace 15 meses ya había emitido un Dictamen de Presunta Responsabilidad.

    Pero sobre todo, porque la coyuntura no le puede ser más adversa a la banca, con la espada de Damocles de la 4T encima ante la posibilidad de regularles las comisiones y dividida por la discusión sobre la intención también del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de modificar la Ley del Banco de México, vale la pena reproducir esta entrega que publicamos aquí el 14 de octubre de 2019.

    ‘¿Y ahora a quién le toca?’, solía decir un jefe de la mesa de dinero de un banco comercial. Y desde Banco de México contestaban: ‘¿Quién va a organizar hoy la fiesta? ¡Nomás no me vueles la tasa!’

    Expresiones como ésas en clave están contenidas en varios tetrabytes de información que la Cofece tuvo que filtrar con ayuda de una empresa de software.

    Son las conversaciones de chats, mails y llamadas telefónicas que se cruzaban jefes de mesas de dinero de los bancos, sus operadores y directivos del Banxico entre 2006 y 2016.

    El involucramiento del Banxico en la acomodaticia política de manejo de tesorerías de los bancos, cuyo manipuleo de tasas sangró a los ahorradores y al propio gobierno, es de escándalo.

    Fue lo que propició el rompimiento de José Antonio Meade y Alejandra Palacios. Cuando la segunda anunció en octubre de 2016 el inicio de la investigación, el primero hizo todo por detenerla.

    En lugar de apoyar la indagatoria, el entonces secretario de Hacienda de Enrique Peña, Luis Videgaray, junto con Meade, la obstaculizó y mandó hacer otra que concluyó en noviembre de 2018, un mes antes de irse del gobierno.

    Exoneró a todos lo bancos y solo impuso una ridícula multa de 17 millones de pesos. La ‘investigación’ la encargó a Jaime González Aguadé, como cabeza de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

    Pero hace dos semanas la Autoridad Investigadora de la Cofece, a cargo de Sergio López, abrió la caja de Pandora: envió al Pleno el Dictamen de Presunta Responsabilidad.

    Estamos hablando de las conclusiones de tres años de investigaciones, donde determina que BBVA-Bancomer, Santander, Citibanamex, JP Morgan, Bank of America-Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank, violaron la ley.

    Un oficio de la Autoridad Investigadora fechado el 3 de octubre ordena al Pleno a emplazar a esas instituciones por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas.

    La semana pasada BBVA, Citibanamex, Santander, JP Morgan, Bank of America-Merrill Lynch, Barclays y Deutsche Bank empezaron a ser notificados.

    La Ley de Competencia Económica faculta a la Cofece a irse 10 años atrás en sus pesquisas. El resultado de su indagatoria involucra las gestiones de Guillermo Ortiz, pero sobre todo la de Agustín Carstens. Por eso encolerizaron Meade y los banqueros.

    El plazo investigado por la Cofece incluye los últimos tres años de la gubernatura de Ortiz y todo el periodo de Carstens. No involucra el de Alejandro Díaz de León. Además se tiene evidencia de que desde 2016 el Banxico y los bancos dejaron de incurrir en esa práctica.

    El modus operandi de la banca era el siguiente: en las subastas de valores gubernamentales se ponían de acuerdo para que uno solo se llevara el 80% del monto y luego éste repartía entre los demás participantes ‘a la fiesta’ el total de los papeles que se negociaban.

    El día a día empezaba con la subasta, había bancos que estaban ‘largos’ de recursos y otros ‘cortos’; el chiste era nivelar los números, cuadrar a diario las tesorerías y ganar con la fijación de las tasas.

    Para evitar el ‘canibalismo’ un banco concentraba la liquidez y con los demás iban controlando ese exceso o faltante de dinero. Eso era lo que al final le interesaba a Banxico: que no se desordenara el mercado de dinero y que la tasa no se ‘volara’.

    El ‘huachicoleo’ que en los últimos 20 años hicieron los principales bancos de la deuda del gobierno, particularmente de Certificados de la Tesorería (Cetes), fue multimillonario.

    El mercado de valores gubernamentales, incluidos también bonos con tasas de interés fija, Bondes D y Udibonos, supera los 6.2 billones de pesos anuales, equivalente al 30 por ciento del PIB.

    Todas las operaciones del mercado primario como esas subastas semanales y las subastas especiales, todas de valores gubernamentales, son susceptibles de colusión.

    Todas las operaciones de mercado secundario realizadas telefónicamente o a través de brokers y traders, también son susceptibles de colusión.

    Las subastas primarias de Banco de México son semanales y se subastan entre 40 y 50 mil millones de pesos de valores gubernamentales, entre Cetes, Bonos M y Udibonos.

    Y el mercado secundario opera de lunes a viernes de 7 de la mañana a 2 de la tarde y mueve a diario más de 50 mil millones de pesos en promedio, un segmento que al parecer no cubrió esta investigación.

    Lo anterior quiere decir entonces que se mueven diariamente más de 50 mil millones de pesos y el día que hay subasta se va por lo menos al doble el volumen, es decir: 100 mil millones.

    Vamos a ver de qué está hecha la Cofece cuando en los próximos días notifique el fallo de una resolución que desde hace año y medio ya había encontrado culpables a los bancos.

    Tal cual le adelanté, el viernes se presentaron al Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, las ofertas para la primera ruta del Tramo 5 del Tren Maya. Se trata de la vía norte, unos 59 kilómetros que corren de Playa del Carmen a Tulum. La oferta más alta fue la del consorcio integrado por Carso de Carlos Slim y La Peninsular de Carlos Hank Rhon de 24 mil 239 millones de pesos. Le siguió la de ICA de David Martínez, Mota-Engil de José Miguel Bejos, Indi de Manuel Muñozcano e Idinsa de Víctor Ortiz de 17 mil 565 millones. Vise de Santiago Villanueva, Irkon de Jack Landsmanas y Rubau de Jorge Rubau de 16 mil 985 millones. Aldesa de Alejandro Fernández y el China Railway Construction que lleva Li Junqiang de 16 mil 475 millones. Acciona que lleva Sergio Ramírez y Grupo México de Germán Larrea de 15 mil 358 millones. Caltia de José Luis Suárez y Cocomex de Andrés Alvarez de 15 mil 320 millones. Sacyr de Sergio Alonso e Hycsa de Alejandro Calzada de 14 mil 140 millones. Caabsa y OHL de Luis y Mauricio Amodío y Comsa de Ismael García de 13 mil 989 millones. Y PowerChina que comanda Cintia Angulo y Assignia de 13 mil 399 millones de pesos.

    Y como le adelanté desde el sábado, el fallo del contrato de mantenimiento, rehabilitación y operación de los 523 kilómetros de carreteras del sureste, volvió a posponerse. Es la cuarta ocasión que se difiere. El primero fue el 30 de octubre. Todos daban por hecho que el viernes se iba a declarar desierto. Hay una lucha entre el director de Banobras, Jorge Mendoza, y la dupla integrada por el secretario de Comunicaciones y la directora de Puentes y Caminos y Federales (Capufe), Jorge Arganis y Elsa Julita Veites, respectivamente. Los dos últimos le insisten al presidente Andrés Manuel López Obrador que lo cancele. Se trata de una Asociación Público-Privada que empujó fuerte Guadalupe Phillips, la directora de ICA. Ella integró el consorcio que pintaba para llevárselo y donde van Mota-Engil de José Miguel Bejos, La Peninsular de Carlos Hank Rhon, Prodemex de Olegario Vázquez Aldir, Hycsa de Alejandro Calzada y Gami de Manuel Muñozcano. El nuevo fallo se reprogramó ahora para el 5 de febrero.

    De cara al fin de semana se rumoró que los comités directivos de los sindicatos de pilotos y de sobrecargos, que lideran en cada caso Rafael Díaz Covarrubias y Ricardo del Valle, recibieron una nueva oferta de Aeroméxico para alcanzar un acuerdo y llevarlo a la Corte de Bancarrotas de Nueva York. Según la versión, la empresa planteó congelar dos años salarios y recortar el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) en un 40%. De entrada la nueva oferta de la aerolínea que dirige Andrés Conesa y preside Javier Arrigunaga sería bateada por las bases. Y es que en la planta laboral en verdad hay un total rechazo a tocar el CCT. Vienen días en los que tanto trabajadores como empresa deberán poner en la balanza qué tanto les conviene que Aeroméxico quiebre. Los pilotos, sobrecargos y mecánicos ya no están dispuestos a seguir cediendo más. Llevan 10 meses absorbiendo el golpe del Covid-19 y ya están dispuestos a todo.

    Donde también se están tensando las cosas es en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana y Pemex.  Le han pedido al Presidente que ya quite a Octavio Romero, desde la secretaria de Energía Rocío Nahle hasta el ex jefe de la Oficina de la Presidencia Alfonso Romo, pasando por su propio hijo, Andrés López Beltrán. Pero como en el caso de Manuel Bartlett en la CFE, no hay poder humano que lo haga entrar en razón. Romero en realidad ni siquiera opera Pemex. Lo hace Marcos Herrería, quien ahora puso al borde de una huelga al gremio que encabeza Manuel Limón por mantener congeladas unas 9 mil plazas. Ello provocó protestas y movilizaciones en algunas refinerías. El choque se da a días de que se convoque a elecciones para ungir a un nuevo líder, algo que presiona la 4T porque quiere pintar de Morena a la base petrolera de cara a las elecciones de junio.

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