El pasado 20 de agosto de 2024, se llevó a cabo la audiencia de tutela de derechos en torno a la controvertida situación legal que envuelve a los hoteles «MAYALAND» y «THE LODGE AT CHICHEN ITZÁ». La audiencia, presidida por la Juez de Control, Licenciada Ileana Elizabeth Álvarez de la Cruz, adscrita al Quinto Distrito Judicial del Estado de Yucatán, se desarrolló en un contexto marcado por la ausencia injustificada tanto de la Fiscalía como de los investigados, lo que obligó a la Juez a diferir la sesión.
Debido a la incomparecencia, la audiencia fue reprogramada para el próximo viernes 30 de agosto a las 12:30 horas. Sin embargo, no pasó desapercibida la imposición de una multa equivalente a 250 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y la advertencia de un arresto de hasta 36 horas para el investigado de iniciales G.P.E.C, en caso de no presentarse nuevamente.
La Juez Álvarez de la Cruz enfatizó la gravedad de la inasistencia por parte de la Fiscalía, especialmente del Agente del Ministerio Público, Licenciado José Antonio Valdez León, quien había sido citado personalmente en la audiencia anterior. Ante esta falta, se ordenó dar vista al Fiscal General del Estado y al Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, informándoles sobre esta irregularidad y el aparente abandono de las funciones públicas por parte del Ministerio Público.
De particular relevancia es la contradicción presentada por la Fiscalía, que en una manifestación por escrito negó la existencia de investigados en la carpeta, a pesar de haber reconocido previamente en audiencia pública que estos estaban plenamente identificados, incluso con apercibimiento de arresto.
Esta serie de irregularidades pone en evidencia la falta de argumentos de la Fiscalía para oponerse a la restitución judicial de la posesión de los hoteles en favor de su legítimo propietario, Fernando Eugenio Barbachano Herrero. La ausencia de la Fiscalía en la audiencia no solo refleja un incumplimiento de su obligación de proteger a las víctimas, tal como establece el artículo 21 Constitucional, sino que también sugiere una estrategia para evitar un fallo en contra.