La violencia política contra las mujeres es la conducta que ha impedido históricamente a las mismas el acceso a candidaturas y puestos de elección popular, por el solo hecho de su género. Para combatirla en el ámbito federal, se promovieron entre 2012 y 2020, más de 40 iniciativas ante el Congreso de la Unión, con el propósito de regular y tipificar «toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto o resultado limitar, anular o menoscabar, el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres y e acceso al ejercicio de sus atribuciones, cargos, labores o actividades”. Según quedó asentado en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.
El 13 de abril de 2020, se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas a 8 leyes generales federales, con el propósito de incorporar este ilícito en sus textos, así como las medidas de prevención, atención y sanción respectivas. Este avance constituye una acción afirmativa en favor de la protección de los derechos políticos de las mujeres. Sin embargo, para que esto sea aplicable en las elecciones intermedias del próximo año en todo el país, se requiere que los Congresos de cada una de las 32 entidades federativas, ‘armonicen’ los conceptos de estas leyes en sus propias legislaciones locales. La razón es simple; pues en el caso de candidatas a legisladoras estatales o a municipales; las leyes aplicables serán las estatales. Ya son 18 Estados los que han armonizado su legislación local, en materia de Paridad y Violencia Política; y faltan 14 más que lo harán de aquí al mes de enero de 2021.
En Quintana Roo, por ejemplo, son 5 leyes las que se deben homologar. Se trata de una ardua labor legislativa, pero lo vale, porque se podrán denunciar conductas, tales como, las que obstaculicen una campaña electoral en condiciones de igualdad; las qué restrinjan los derechos políticos de las mujeres por tradiciones o costumbres; La violencia física, sexual, psicológica, económica o patrimonial; o la difusión de imágenes o información privada de mujeres candidatas o en funciones, -entre otras-. Además, se aplicarán medidas cautelares contra agresores o a sus representantes; y medidas de reparación del daño como indemnización, restitución en el cargo y hasta disculpa pública en favor de las afectadas. Esto es muy importante que lo sepan todas las mujeres que tengan interés en contender el año que entra en las elecciones. El Congreso de Quintana Roo, todas las diputadas y diputados de las comisiones como la de Género, la de Justicia; han estado trabajando incansablemente y pronto se va a publicar y va a quedar armonizado nuestro estado.
Obviamente, es deseable que toda mujer política, con independencia de partido o ideología, impulse la aprobación de estas reformas ante su respectiva legislatura, si quieren vivir en el 2021, un proceso en equidad sin violencia política, por razón de género. Es una de las luchas mas importantes que hemos tenido las mujeres durante estos últimos años desde que hayamos tenido el derecho de voto. Podremos estar tranquilas si esto se aprueba. Estaremos pendientes de que así suceda.
Me despido y les recuerdo seguirme en Twitter, @Cristinalcayaga