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    Aprobación de la ley de la cannabis entre el deber y la política: Cristina Alcayaga

    Opinión

    El límite al 30 de abril, que la Suprema Corte de Justicia de la Nación dio al Congreso para expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis, mejor conocida como marihuana;  se ha convertido paradójicamente en el factor que tiene atorada la discusión para su aprobación en el Senado de la República. A raíz de la sentencia del órgano máximo del poder judicial en 2019, que declaró inconstitucional el prohibir el consumo de la marihuana, pues atenta contra el libre desarrollo de la personalidad.

    El año pasado la Cámara de Senadores aprobó un proyecto de ley, que envió a la Cámara de Diputados para su revisión, donde los legisladores hicieron varias modificaciones con las que se regresó al Senado para su discusión y aprobación -en su caso-. Para algunos senadores, varios de esos cambios contravienen el espíritu de la iniciativa, lo mandado por la resolución de la Corte y afirman  que hay cambios que son violatorios de la Constitución, violatorios de los Derechos Humanos; que no protegen a las niñas niños y adolescentes; observaciones, que coinciden con las de distintos sectores de la sociedad civil que desde un inicio acusaron que la ley  deja fuera a los pequeños productores, permite la concentración de toda la cadena productiva en manos de grandes empresas y  sigue criminalizando a los consumidores, entre muchas otras críticas que sugieren, que debería  discutirse ampliamente antes de aprobarla.

    A pesar de que varios senadores consideran que debe rescatarse en lo posible la iniciativa como ellos la plantearon, otros apoyan la solución salomónica de aprobar la ley como la mandó la Cámara de Diputados, solo por cumplir el plazo del 30 de abril – que son dentro de 15 días naturales-, y luego hacer las reformas necesarias, para no incurrir en costos políticos que les cobren en las elecciones del 6 de junio lo que ellos prometieron; que aprobarían el uso de la marihuana.  Esto implicaría que su aprobación quedaría pendiente  para el periodo legislativo siguiente donde ya no estarán, habrá nuevos legisladores a menos que algunos de ellos se reelijan.

    No queda muy claro pues, quién se beneficiaría y quién no aplazando o apurando la aprobación de la ley. El caso es que no se trata de quién gane o quién pierda políticamente -al menos eso pienso-  al calor de un proceso electoral efervescente, sino de que seamos todos los mexicanos los que ganemos con una ley, que de certeza jurídica y viabilidad social a una decisión tan delicada como el permitir el uso recreativo de la marihuana.

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