HACE EXACTAMENTE UNA semana Andrés Manuel López Obrador
presentó en su conferencia mañanera los 15 proyectos hidráulicos
prioritarios de la 4T.
Según los cálculos de Palacio Nacional, los proyectos significan una
inversión federal de 95 mil 550 millones de pesos, beneficiarían a 21.3
millones de personas e impactarían 135 mil 855 zonas de riego.
Están ubicados en los estados de Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco,
Estado de México, Tabasco, Campeche, Veracruz, Hidalgo, Nuevo León y
Durango, donde generarían unos 44 mil 817 empleos.
Pero esos más de 95 mil millones que AMLO está etiquetando para
“sus” proyectos es lo que más o menos, entre 80 mil y 90 mil millones, se
necesitan para garantizar el agua como un “derecho humano”.
¿Qué tenemos que entender como “derecho humano”? El derecho de
los mexicanos al acceso al preciado fluido: hoy cerca del 80% del territorio
nacional sufre de la carencia del vital líquido.
Noventa mil millones de pesos anuales es lo que precisamente se
necesitan para asegurar el acceso al agua y el Presidente destina la misma
cantidad para proyectos de riego por donde se dilapida el preciado recurso.
Contrariamente a lo que se dice, no es la industria la que desperdicia
impunemente el agua, sino los deficientes y obsoletos sistemas de riego de
los agricultores del país: por ahí se pierde el 80% del agua.
En el sexenio de Enrique Peña Nieto existió una política abierta para
otorgar concesiones al sector productivo, que desarrolló zonas económicas
con empleo y derrama salarial, contra, ahora, una política de prohibición.
Se requiere una poítica hídrica que ponga en el centro la «resiliencia»,
y la suma de necesidades de la sociedad más el medio ambiente,
pivilegiando la seguridad hídrica y la certeza jurídica en las inversiones.
Pero no despropósitos, como los que anunció hace unas semanas la
secretaria de Economía, Raquel Buenrostro, que adelantó que se
publicaría un decreto que prohibirá nuevas concesiones de agua.
Esta nueva reestricción para el sector productivo también afectará 16
estados de la República Mexicana, particularmente en el norte del país.
Ahora será solamente AMLO el que las otorgará por excepción.
Lo anterior es ilegal e inconstitucional porque aplicaría la
discrecionalidad e inequidad, las decisiones de a quién sí y a quién no
otorgarle la concesión, se circunscribiría a una variable política no técnica.
Con esta medida de prohibición se daría al traste al tan llevado y
traído “nearshoring” o relocalización de empresas asiáticas en la frontera
norte de México.
Imagínese quién en su sano juicio querría invertir en México para
reubicar sus operaciones de manufactura si no tiene la certeza del agua.
Con la política de López Obrador nuevas inversiones extranjeras buscarán
otras opciones de países para relocalizarse.
A PROPÓSITO DE agua y acueductos, los grupos Carso de Carlos Slim e
ICA que dirige Guadalupe Phillips enfrentan ooootro problema
reputacional por la construcción de El Realito, en la ciudad de San Luis
Potosí. Al igual que en la tristemente célebre Línea 12 del Metro en la
CdMx, ambas constructoras presentaron fallas en la calidad de sus trabajos
en esa obra, acueducto y presa, por la que se pagaron alrededor de 8 mil
millones de pesos. La cortina de la barrera se agrietó y el agua empezó a
filtrarse lo que implica el riesgo de que el embalse se vacíe. Al parecer no
se aplicaron las especificaciones de construcción requeridas y ahora hay
que invertirle unos 300 millones de pesos para repararla. El Realito la
opera Acualia, donde uno de los socios es FCC, de Slim, y el fondo
australiano IFM, dueña de Aleática, que comanda Rubén López.
EL CASO QUE ya es una papa caliente es el de Don Apoyo. Esta sociedad
financiera de objeto múltiple empezó a incumplir sus compromisos de pago
de intereses y capital a sus inversionistas desde diciembre. La única
explicación que sus administradores encabezados por Federico Ramos
Francia y Omar Saavedra Boddy dieron es que estaban realizando una
auditoría. Hoy día ya no existe el sitio web y nadie contesta en sus oficinas.
El 28 de abril fue declarada en concurso mercantil y se designó a
Alejandro Vázquez Salido como conciliador. A estas alturas quedan claro
malos manejos y fraudes a sus clientes, algunos de ellos funcionarios del
gobierno de Enrique Peña Nieto que dieron en custodia millonarias sumas
de dinero. Se habla de un boquete superior a los 2 mil 200 millones de
pesos. Otros de sus socios son Mario de la Vega y Javier Pastrana.
SOBRE EL CONCURSO mercantil que solicitó Promotora Higa, de Juan
Armando Hinojosa, el tiro se lo dio el Industrial Commercial Bank of China
(ICBC), que en 2018 otorgó un crédito de 440 millones de pesos para
construir el Desarrollo Alpes Residencial II en la CdMx. Sin embargo dos
meses antes de que se decretara la emergencia sanitaria por el Covid el
ICBC le suspendió el suministro de los recursos. Paralelamente el gobierno
de Claudia Sheinbaum paró todas las obras, aunque lo que no se paró fue
el cobro de intereses de los chinos por los 266 millones que sí se lograron
aplicar. Para tapar el hoyo, Higa pidió a Inbursa en agosto de 2021 otro
préstamo por 355 millones que solo complicó todavía más las cosas, el
cual en octubre de 2022 también les suspendieron.
NAFINSA Y BANCOMEXT no han querido resolver un conflicto sindical por
desacuerdos en el escalafón salarial que ya lleva nueve meses. Mucho ha
tenido que ver la cerrazón del director de ambas instituciones, Luis
Antonio Ramírez. El choque ha llegado al extremo del acoso laboral
contra los sindicalizados a los que les impiden la entrada a las oficinas
generales y hasta tratan de despojarles sus sedes sindicales. Pero lo peor
es que el asesor legal de ambas representaciones gremiales, oooootra vez
el laboralista Arturo Alcalde, nada ha podido o querido hacer para arreglar
este asunto, con todo y que su hija, Luisa María Alcalde, la secretaria del
Trabajo, ha convocado a por lo menos tres reuniones de conciliación en las
que Ramírez ha dejado plantados a sus contrapartes.
TRAS LA RENUNCIA ayer de Marcelo Ebrard a la Secretaría de
Relaciones Exteriores para dedicarse de lleno a la campaña en busca de la
candidatura de Morena para la Presidencia de la República, dos nombres
empezaron a sonar con fuerza para relevarlo. Uno es el del representante
de México ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Juan
Ramón de la Fuente, y el otro es el embajador de México ante Estados
Unidos, Esteban Moctezuma. El nombre del nuevo Canciller deberá
conocerse a más tardar el próximo lunes.