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sábado, abril 10, 2021
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    Opinión ‘Aeroproa’ a la vista: Darío Celis

    ‘Aeroproa’ a la vista: Darío Celis

    La Auditoría Superior de la Federación (ASF) no sólo interpretó correctamente el costo total de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), sino que se quedó corta.

    Consideró las acciones requeridas para matar el proyecto de Texcoco, superior en más de 200% a lo declarado, y fue más allá al estimar la conversión de una deuda que era privada y que la 4T hizo pública.

    El pasivo debía pagarse con los ingresos propios futuros generados por el NAIM, en una deuda pública que comprometió al Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) al menos por los siguientes 20 años.

    Al cancelarlo el gobierno se hizo un “Harakiri Aeroportuario”, ya que se terminaron pagando indemnizaciones a los tenedores del papel de la Fibra E por 10% del monto colocado, esto es 3 mil 600 millones de pesos.

    Además, hubo un pago no declarado de liquidación de los bonos por 6 mil millones de dólares, de los cuales Arturo Herrera y la Secretaría de Hacienda recompraron mil 800 millones de dólares en la total opacidad.

    Los fondos beneficiarios fueron BlackRock, Schroders, Vanguard, Manulife, Prudential, UBS, Goldman Sachs, Provida y Moneda, principalmente, asesorados por el bufete inglés Hogan Lovells.

    Y todavía restan por pagar 4 mil 200 millones de dólares en los siguientes 20 años: mil millones a tasa fija de 3.875% y tres mil millones a tasa fija de 5.5%, sin que nadie en la 4T dé cuenta de ello.

    Por otro lado, se desperdició una inversión ya realizada que se calcula en 140 mil millones de pesos, 75 mil millones en el aeropuerto que se sepultó y el resto en obras hidráulicas, vialidades y el ramal del tren.

    A lo anterior habría que agregar 82 mil millones de pesos que se están invirtiendo solo en la infraestructura aeroportuaria del Felipe Ángeles, que no considera la relocalización de las construcciones militares.

    Hay varios recursos que nunca declaró en su momento Javier Jiménez Espriú como secretario de Comunicaciones, pero tampoco en la actualidad Luis Cresencio Sandoval, como secretario de la Defensa.

    Corresponde a obras urbanas que suman otros 40 mil millones de pesos e hidráulicas que totalizan 10 mil millones de pesos más y que son concomitantes en ambos proyectos y que también significan erogaciones.

    De igual forma hay que contemplar la contingencia, no contemplada, de que los recursos para pagar los bonos no proveendrán de una TUA disminiuida o inexistente, según sea el caso.

    La omisión que Herrera recrimina a la Auditoría Superior de la Federación tiene qué ver con los 6 mil millones de dólares de bonos y los 36 mil millones de pesos del Fibra E que él mismo renegoció.

    El problema es que nunca aclaró el monto de la indmenización, tanto de los mil 800 millones de dólares que se recompraron, como los 4 mil 200 millones de dólares restantes.

    Herrera tampoco aclaró por qué se pactó el reembolso a 20 años, cuando supuestamente el dinero estaba en los fideicomisos establecidos para el manejo del dinero en la construcción del NAICM.

    Estamos hablando de tres fideicomisos: el Fideicomiso Público 80726 cuya finalidad era realizar los pagos a los contratistas y cuyos recursos provenían del PEF: 97 mil 800 millones de pesos a precios del 2014.

    Y los fideicomisos privados 80460, que obtiene recursos de la TUA, y el 2172, donde se guardaron los recursos provenientes de la bursatilización y la deuda contraída, los 6 mil millones de dólares de los bonos colocados y los 36 mil millones de pesos del Fibra E.

    Si bien hay puntos de controversia, el gobierno federal debería transparentar todos estos costos a la par que le pide correcciones al auditor David Colmenares. Si quieren claridad, que empiecen por el principio.

    El armado del expediente contra Francisco García Cabeza de Vaca fue por cuenta de la SEIDO y la Fiscalía Anticorrupción. Trae desde vínculos con cárteles de narcotráfico, hasta movimientos de flujos federales que, luego de pasar por empresas intermediarias, acabaron en las cuentas personales del hoy Gobernador de Tamaulipas. No hay duda que en las siguientes semanas es probable que luego de que el Senado apruebe la Reforma Eléctrica, la Cámara de Diputados votará, a favor, el Juicio de Procedencia. Pero después de esto el proceso tiene que turnarse al Congreso de ese estado y ahí los panistas tienen mayoria, con lo que lo que el proceso se podría entrampar. Pero como la Constitución de Tamaulipas no da pormenores del tema, puede ser que la Fiscalía General de República, que capitanea Alejandro Gertz Manero, luego de pasar filtro de diputados federales, intente llevar el tema ante un Juez Federal para aprehender a García Cabeza de Vaca. Por cierto, cuando fue senador, presidió la Comisión de Defensa Nacional, y qué sabrían los militares que el entonces Secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, nunca quiso asistir a ninguna comparecencia con él. El tema estaba armado desde semanas atrás en la FGR y de meses atrás en la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto, pero no se presentó hasta que el PAN, también en la Cámara de Diputados, tomó la Tribuna para intentar frenar la Reforma Eléctrica. El proceso judicial contra el gobernador se va a empatar perfectamente con el proceso electoral, mismo que empieza en un mes.

    El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo entre los integrantes del Gabinete de Seguridad que Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani se han portado «siempre bien con ellos», pero que eso no puede significar impunidad para pagar los impuestos que deben y enfrentar las consecuencias penales de ello. El lunes fue enfático en no brindar plazos, facilidades o cabildeos a favor de ellos. Ya todo quedará en manos de los jueces federales para el embargo de bienes y dictar sentencias penales. Los Alemán ya están fuera del país, en Estados Unidos, y confían en su defensa. Pero la realidad es que llevan meses viviendo en una realidad paralela y niegan una realidad que afectó todos sus negocios y su credibilidad empresarial. Han quedado mal con la banca, señaladamente con Inbursa y Santander, amén de Televisa, Prisa y con Grupo Cabal. También,  se han peleado con autoridades que van desde la Profeco hasta el IFT, pasando por AICM, SAT y Procuraduría Fiscal. Haber contado con asesoría legal con conflicto de intereses y negocios, más una administración mal llevada, tiene en la antesala de la cárcel a los Alemán. Salvo pagos por todo lo que deben, que son cientos de millones, su futuro está echado. Con el agravante que ya no tienen liquidez y que muchos bienes de ellos, dados en colateral, tienen más de un acreedor. Con lo que además de litigios oficiales sume usted demandas de particulares.

    Hoy el Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, deberá emitir el fallo del otro componente del Tramo 5 del Tren Maya, el que corre del aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen. Son alrededor de 46 kilómetros y el segmento contempla, además de la vía férrea, la reconfiguración de la carretera federal 307, que va de Cancún a Tulum, a tres carriles, dejando un camellón central de 15 metros para insertar allí el trazo del tren. Diez consorcios presentaron posturas que van desde los 8 mil 921 millones de pesos como la de ICA, que dirige Guadalupe Phillips, hasta los 15 mil 998 millones de pesos como la de La Peninsular, de Carlos Hank Rhon. Pero es probable que el Fonatur declare desierto el proceso y la construcción se termine encomendando a la Secretaría de la Defensa Nacional. Veremos.

    Resulta que ayer se hizo pública una supuesta orden de aprehensión solicitada por los sabuesos Alejandro Gerz Manero en contra de Raúl Beyruti Sánchez, dueño de GinGroup, por los supuestos delitos del régimen de excepción de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Todo indica que dicha orden de captura fue otorgada por el Juez preferido de la 4T, que por casualidad es el mismo que habría librado la orden de captura en contra de los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil y el estudiante Elías, hijo del primero, que en ese entonces tenía 17 años. La orden de aprehensión habría sido librada por haber recibido una cantidad cercana a los 4 millones de pesos proveniente de cuatro personas morales que habrían sido declaradas como “EFOS”. ¿Será que el Juez Daniel Ramírez Peña está alineado a los intereses del Ejecutivo y la FGR?

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