A la espera de un milagro: Darío Celis

Es inminente, la próxima semana la Federal Aviation Administration (FAA) de los Estados Unidos, dará a conocer los resultados de su auditoría sobre el cumplimiento de las autoridades aeronáuticas mexicanas.

Nos referimos a los estándares de la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI), recetándole una rotunda degradación a Categoría 2 a la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). Solo un milagro no salvaría.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador estará siguiendo los pasos de su antípoda, Felipe Calderon, en cuya administración la FAA, que ahora preside Steve Dickson, reclasificó a México a Categoría 2.

Pero la agravante hoy para la 4T es que la industria aérea vive la peor crisis económica de todos los tiempos como consecuencia de la pandemia por Covid-19 y tenemos la apertura de un nuevo aeropuerto.

En 2010 restablecer la Categoría 1 requirió inversiones por parte del gobierno mexicano de casi mil millones de pesos en capacitación a inspectores, software, tecnología y mejores instalaciones.

A ello sume las pérdidas millonarias que hace ya diez años experimentaron las aerolíneas mexicanas. El secretario de Comunicaciones y Transportes era Juan Molinar Horcasitas.

La degradación de México a Categoría 2 no significa que Aeroméxico, Volaris, Viva Aerobús o Aeromar estén incumpliendo con los estándares internacionales en materia de seguridad.

Los que están en falta son las autoridades mexicanas, desde la Secretaría de Comunicaciones hasta la AFAC, pasando por Aeropuertos y Servicios Auxiliares y el Aeropuerto Internacional de la CDMX.

Llámele tortuguismo o burocracia, pero el hecho es que a consecuencia de la reclasificación las aerolíneas mexicanas no podrán establecer nuevas rutas ni frecuencias de vuelos a los Estados Unidos.

Tampoco podrán incorporar nuevos aviones, distintos a sus flotas actuales, así sean más eficientes o más amigables con el medio ambiente. Ese vacío de mercado lo cubrirán las aerolíneas estadounidenses.

La buena noticia es que las rutas y frecuencias actuales a la Unión Americana no se verán afectadas. La mala es que no podrán reestablecer aquellas rutas o frecuencias que habían sido suspendidas por la pandemia.

Delta, United, American Airlines, Southwest, JetBlue, Alaska Airlines, Frontier, sí podrán incrementar sus viajes a México (de ida y vuelta) en momentos en que el mercado se empieza a recuperar.

De arrancar operaciones el aeropuerto Felipe Ángeles en marzo de 2022, las aerolíneas mexicanas no podrán despegar hacia los Estados Unidos si para ese entonces México no ha recuperado la Categoría 1.

Es decir, el aeropuerto insignia de López Obrador terminará siendo una terminal para vuelos domésticos utilizada únicamente por las aerolíneas mexicanas.

Balazo en el pie.

De prevalecer la demanda de Javier Amtmann Aguilar en contra de su hermano Ricardo, que lo pretende desconocer como copropietario de la torre Chapultepec Uno, se anularán una serie de fideicomisos de administración irrevocables ante CI Banco, que dirige Mario Maciel. La defensa de éste último sostiene que las donaciones por virtud de las cuales hicieron a un lado a Javier son válidas, e inclusive inició ya una escalada legal en su contra. Y es que el demandante a su vez contrató los servicios del aguerrido litigante Alfonso Díaz para igualmente irse con todo contra el también dueño de Laboratorios Sanfer. Kramer contra Kramer.

Otro Kramer contra Kramer se está viviendo en Interjet. Resulta que tanto Alejandro del Valle, que posee 90% de las acciones, como Miguel Alemán Magnani, cuya familia tiene el 10% restante, se están empezando a disputar el control del proceso de reestructura. El primero contrató como asesor a Fernando del Castillo y los segundos a Alonso Rivera Gaxiola. De hecho a éste fue al que recurrió Alemán hace dos años por recomendación de Julio Scherer, cuando fueron a pedir apoyo a la Presidencia. Si entonces le hubieran hecho caso al Consejero Jurídico se hubiera evitado el cese de operaciones de la atribulada línea aérea.

Raúl beyruti mandó señales a la 4T desde su exilio. Quiere negociar la reparación del daño económico que le imputan tanto el SAT, que comanda Raquel Buenrostro, como la Procuraduría Fiscal, que capitanea Carlos Romero. La idea sería alcanzar un acuerdo reparatorio con la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero, similar al que llegó con Alonso Ancira en AgroNitrogenados y Moisés El-Man en Telra Realty. El dueño de GINgroup intenta salvar la cadena de empresas que posee en México y regresar al negocio de la tercerización bajo la nueva Ley de Outsourcing. Su representante legal es Antonio López.

El juez Guillermo Campos le requirió a Gerardo Badín si tenía algún conflicto de interés para ser conciliador de Progresemos y respondió que no. Ocultó que el bufete de abogados de Jaime Guerra tiene en el concurso de Oro Negro un incidente de daños y perjuicios en su contra por lo que consideran su incorrecto proceder como síndico. Por ello solicitaron el cambio, porque sí existe una demanda contra Badín, lo cual le impide ser conciliador del concurso de la sofom de Rafael Moreno Valle. El juez Campos dio vista a Badin y al Ifecom, que dirige Edgar Bonilla, para ver qué tienen que decir con respecto a lo solicitado por Progresemos.

Se le complica más el escenario a Libertad Servicios Financieros, que preside Silvia Lavalle. Ahora es la federación de agrupa a los integrantes del sector de ahorro y crédito popular, las sociedades financieras populares y las sociedades financieras comunitarias, la que empezó a presionar a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que le baje a nivel 3 la calificación. Actualmente el regulador que preside Juan Pablo Graf la degradó a nivel 2 y para regresarla a nivel 1 le está exigiendo capitalizar la caja con 160 millones de pesos, amén de otras acciones correctivas, como cerrar 14 sucursales que registran una muy baja productividad.

Que se prepare Alejandro Díaz de León porque el gobierno de la 4T le va empezar a sacar los pecadillos del pasado. Andrés Manuel López Obrador está furioso con el gobernador del Banco de México porque no le dieron ni un centavo de los remanentes de operación. Nada más que le revisen todos los créditos que a su paso por el Bancomext otorgó a empresas, pero sobre todo a empresarios, que pudieron financiarse por otras vías y no a costa del erario.